Lo más inquietante del operativo en la zona de El Salado no fue solo el saldo de violencia. Fue la reacción de la comunidad: gritos para liberar a la hija de un capo y una escena que vuelve a mostrar hasta qué punto el Estado llega tarde a territorios donde el poder criminal ya se volvió costumbre.
Hay episodios que valen más por lo que revelan que por lo que oficialmente informan. El operativo realizado en la zona de El Salado, en Culiacán, entra en esa categoría. El dato duro ya es suficientemente delicado: Mónica Zambada Niebla, identificada como hija de Ismael El Mayo Zambada, fue retenida y después liberada por no existir mandamiento legal en su contra; además, el Gabinete de Seguridad reportó 11 abatidos y la detención de un presunto integrante de Los Mayos.
Pero lo más revelador no estuvo solo en el parte oficial. Estuvo en la calle. En los videos y testimonios recogidos por medios, se escucha a pobladores gritar “¡Suelten a la niña!” y pedir que dejaran salir a las niñas, mientras mujeres y menores corren o buscan resguardarse en medio del despliegue. Esa escena no describe únicamente miedo. Describe una fractura más profunda entre autoridad, comunidad y territorio.
El gobierno puede presentar el operativo como una demostración de capacidad: entrar, detener, repeler agresiones, asegurar armas y salir con un saldo que respalde el discurso de firmeza. Y en términos de fuerza, eso importa. Pero la política de seguridad no se agota en la capacidad de irrumpir. Se mide también en la legitimidad social del Estado en los lugares que interviene. Y ahí es donde el episodio se vuelve incómodo. La escena deja la impresión de que, en ciertas zonas, el poder criminal no solo disputa rutas o negocios: también condiciona percepciones, hábitos y reflejos colectivos. Esa lectura es una inferencia, pero está respaldada por la reacción comunitaria reportada durante el operativo.
Lo más duro de aceptar es que en regiones así el narco deja de sentirse como una estructura externa y empieza a confundirse con la normalidad del entorno. No porque la población lo respalde de forma simple o voluntaria, sino porque años de violencia, dependencia, miedo y ausencia institucional desdibujan las fronteras. Entonces, cuando llega el Estado armado, no necesariamente llega como orden recuperado. A veces llega como otra fuerza más, intensa pero pasajera.
Ese es el verdadero problema de fondo. No si una figura cercana a un capo fue subida o bajada de un vehículo oficial. No si el encabezado del día alcanza para presumir golpe estratégico. El problema es que, después del humo, los helicópteros y el conteo de abatidos, queda intacta la pregunta central: quién gobierna realmente esos espacios cuando se apagan las cámaras.
Porque entrar a un bastión es una cosa. Recuperarlo política y socialmente es otra muy distinta. Y México lleva demasiado tiempo confundiendo la primera con la segunda.
