El caso de la presunta estafa Ponzi que golpeó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes ya era suficientemente grave por el dinero perdido y las detenciones. Pero la audiencia inicial agregó otro problema: la sensación de que, cuando por fin tocaba ver justicia en acción, lo que apareció fue opacidad.
Hay escándalos financieros que indignan por la cifra. Y hay otros que, además de indignar, desgastan profundamente la confianza en las instituciones. El caso de la presunta estafa Ponzi ligada al desfalco en la Universidad Autónoma de Aguascalientes pertenece a esa segunda categoría. La investigación ya venía cargada de gravedad: El País documentó que la FGR indaga inversiones ilícitas en bonos basura por 393 millones de pesos en la UAA, dentro de un esquema con características de estafa Ponzi a gran escala.
Con ese contexto, la primera audiencia del caso debía servir para algo elemental: abrir una ventana pública al proceso. No para convertirlo en espectáculo, sino para darle a la sociedad una señal mínima de transparencia. Sin embargo, lo que reportó BI Noticias fue exactamente lo contrario. Según su cobertura, la audiencia inicial del 20 de marzo “se manejó en completa secrecía”, a pesar de tratarse de una diligencia pública.
Ese detalle importa más de lo que parece. Cuando hay dinero público comprometido, una universidad golpeada, personas detenidas y un expediente que toca intereses delicados, la publicidad del proceso no es un lujo. Es parte de la legitimidad. La justicia no solo tiene que hacerse; también necesita verse creíble. Y cuando la audiencia inaugural de un caso así arranca con restricciones que generan sospecha, el problema deja de ser únicamente penal o financiero. Se vuelve institucional.
Lo más preocupante es el mensaje que eso manda hacia afuera. En México, la ciudadanía ya viene demasiado acostumbrada a expedientes oscuros, procesos enredados y verdades que parecen administrarse por goteo. Por eso, cuando un caso de esta magnitud entra a juzgados, la expectativa razonable es claridad, no más sombras. Que una audiencia pública termine percibiéndose como una reunión cerrada erosiona la confianza incluso antes de que se discuta el fondo del asunto. Esa es una lectura, pero nace directamente del contraste entre la naturaleza pública de la diligencia y el hermetismo reportado.
La estafa Ponzi ya era, por sí misma, una radiografía incómoda de cómo pueden perderse recursos públicos en operaciones tan riesgosas como opacas. Ahora, la forma en que se procesa judicialmente amenaza con sumar otra capa de descrédito: la de un sistema que, en lugar de aclarar rápido y de frente, parece cerrarse justo cuando más tendría que abrirse.
El daño no está solo en los millones perdidos. También está en la idea de que, cuando llega el momento de rendir cuentas, todo se vuelve más borroso. Y en un caso así, la borrosidad también lastima.
