La eventual candidatura de Ruth González en San Luis Potosí no solo reabre la discusión sobre heredar el poder entre familias. También exhibe algo más incómodo para Claudia Sheinbaum: que dentro de su propia constelación de aliados hay quienes escuchan su discurso contra el nepotismo… y luego hacen exactamente lo contrario.
La política mexicana tiene una habilidad extraordinaria para maquillar sus prácticas más viejas con palabras nuevas. Antes se hablaba sin pudor de herencias políticas. Hoy se prefiere hablar de continuidad, de liderazgo consolidado, de respaldo popular o de proyecto. El problema es que, detrás del empaque renovado, la operación muchas veces se parece demasiado a la de siempre. Eso es lo que vuelve tan revelador el caso de San Luis Potosí, donde el PVEM decidió impulsar a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, pese al rechazo público de Claudia Sheinbaum a ese tipo de sucesiones familiares.
La presidenta ha sido explícita en este punto. Ha dicho que cuando un gobernante es sucedido directamente por un familiar, eso sí constituye nepotismo, y además ha dejado en manos de Morena decidir si acompaña o no a aliados que insistan en ese camino. La postura, al menos en el discurso, no deja mucho margen para la interpretación.
Por eso el fondo del episodio no está solo en la candidatura potosina. Está en la respuesta política que encierra. Manuel Velasco anunció que el Verde va hacia adelante con Ruth González de todos modos, y Morena ya tomó distancia al rechazar respaldar lo que considera “nepotismo disfrazado”. El choque no es menor: muestra que el discurso presidencial tiene límites muy concretos cuando toca intereses regionales, estructuras locales de poder y cálculos electorales dentro de la alianza oficialista.
Ese es, probablemente, el dato más interesante. Sheinbaum puede fijar una posición ética y política desde la presidencia, pero otra cosa muy distinta es imponerla en una coalición donde cada partido protege sus enclaves. El Verde no está discutiendo solo una candidatura; está mandando una señal de autonomía y de fuerza. En otras palabras, está recordando que en ciertas plazas el poder real no se ordena desde Palacio, sino desde acuerdos territoriales mucho más pragmáticos. Esa es una inferencia política, pero está sostenida por el desacato abierto a la línea presidencial y por la reacción pública de Morena.
El problema para el oficialismo es que este tipo de episodios erosiona dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, desgasta la credibilidad del discurso anti-nepotismo, porque lo vuelve negociable justo cuando afecta a aliados estratégicos. Por otro, exhibe que la narrativa de renovación política convive sin demasiada dificultad con prácticas de sucesión familiar que la ciudadanía identifica desde hace años. Cuando eso ocurre, el argumento de que “ahora es distinto” empieza a vaciarse.
San Luis Potosí no es solo una disputa local. Es una pequeña radiografía del sistema. Una presidenta que intenta marcar límites. Un aliado que los ignora. Un partido dominante que se deslinda. Y en medio de todo, una vieja costumbre mexicana que vuelve a aparecer con ropa nueva: convertir el poder público en una especie de patrimonio político familiar.
Lo verdaderamente delicado no es que exista la tentación de heredar el cargo. Eso ha pasado demasiadas veces. Lo delicado es que ya ni siquiera parezca necesario esconderlo demasiado.
