En México ya no basta con robar: ahora también se “regulariza” lo robado. Un informe detectó la desaparición de 211 vehículos bajo resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Eran autos asegurados por autoridades, bienes que debían estar inventariados, custodiados y eventualmente subastados o asignados. En lugar de eso, se esfumaron. Y algunos, según el propio reporte, reaparecieron con placas nuevas, listos para circular como si nunca hubieran estado en un patio oficial.
El caso no es un simple “robo de autopartes” o un descuido de vigilancia. La pista más grave es administrativa: reemplacar un vehículo no es algo que se haga en la sombra con un desarmador; requiere trámites, validaciones, registros. Es decir, requiere puertas abiertas. Si un auto incautado termina con documentos y placas, entonces el negocio no solo fue sacar el coche del corralón: fue meterlo a la legalidad por la ventana. Y ahí el problema deja de ser seguridad física y se vuelve corrupción institucional.
El INDEP administra bienes decomisados o asegurados en procesos judiciales. Su existencia se vendió como símbolo: devolver al pueblo lo que el crimen y la corrupción le quitaron. Por eso el golpe es doble. Primero, por el daño patrimonial directo: 211 vehículos menos para subasta, para recuperación de valor, para programas públicos. Segundo, por el daño simbólico: el instituto creado para “recuperar” termina convertido en estación de paso para que los bienes regresen al circuito ilegal.
¿Cómo se roban 211 autos de un sistema que debería tener inventarios, controles, cámaras, sellos y responsables por patio? La respuesta más simple suele ser la más incómoda: no se robaron uno a uno “a escondidas”; se fueron con paciencia y con ayuda. En estos esquemas, el robo masivo casi nunca ocurre por asalto. Ocurre por goteo: faltan llaves, faltan reportes, se mueve un vehículo “por traslado”, se firma una hoja, se borra una línea. El delito perfecto no es el que no deja huella; es el que deja huella como trámite.
La reemplacada es el golpe final. Porque el mensaje es: se puede desaparecer un bien asegurado y además hacerlo circular sin que salten alarmas, como si el Estado no pudiera distinguir entre lo incautado y lo “legal”. Eso abre una sospecha inevitable: si se pudo con 211, ¿cuántos más no se detectaron? Y si se detectó, ¿qué tan profundo es el agujero?
El reporte exhibe también una falla estructural que se repite en México: la custodia de bienes es el eslabón débil del sistema penal. Se decomisa, se anuncia, se presume golpe al crimen… y luego los bienes quedan en patios donde la vigilancia es mínima y la administración es confusa. En esa zona gris se construye un mercado: el de lo asegurado que vuelve a ser negocio privado.
El caso exige algo más que indignación: exige nombres, sanciones y trazabilidad. Porque si el Estado no puede cuidar lo que ya tiene bajo resguardo, el discurso de “devolver” se queda en slogan. Y lo que queda es la versión más cínica del país: robarle al ladrón… pero desde adentro.
