Morena no enfrenta una condena legal por la compra de su sede nacional, pero sí una pregunta política devastadora: ¿de verdad era distinto?
Morena construyó buena parte de su identidad diciendo que no era como los demás. Que no iba a repetir los negocios turbios del viejo poder, que no iba a caer en la opacidad inmobiliaria, que no iba a terminar justificando operaciones raras con tecnicismos. Por eso pega tanto la investigación sobre su sede nacional en Liverpool 3. No solo por el monto, sino por el simbolismo. Según el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción, ese edificio fue comprado en 2015 por un fideicomiso de CIBanco en 16 millones de pesos y luego vendido a Morena en 2020 por 75 millones. Son 59 millones de diferencia en solo cinco años.
Aquí la discusión no es solo si el inmueble subió de valor. La discusión es cómo, cuánto y quién ganó. Porque, según la misma investigación, las personas que constituyeron el fideicomiso aparecen con identidad reservada en los documentos difundidos por Morena. Es decir, públicamente no queda claro quiénes fueron los beneficiarios finales de una ganancia multimillonaria. En un partido que llegó al poder prometiendo transparencia, eso ya de entrada debería encender alarmas.
Y luego está el otro detalle que vuelve la historia todavía más difícil de defender: el avalúo citado en el contrato ponía el valor del edificio en 73.53 millones de pesos, pero Morena pagó 75 millones. Sí, pagó por encima del valor estimado. Tal vez para un despacho de abogados eso se puede explicar con cláusulas, condiciones o redondeos de operación. Pero para el ciudadano común la lectura es mucho más simple: si el partido que presumía austeridad pagó más de lo valuado, entonces no solo compró caro, compró de una forma políticamente torpe.
Ahora, hay que decirlo completo: el INE resolvió después que, respecto a la adquisición de los inmuebles, no encontró irregularidades administrativas en el contrato de compraventa. Eso importa, porque evita caer en una exageración fácil. No estamos hablando de una sentencia judicial ni de una prueba definitiva de delito. Pero tampoco significa que la operación quede moral o políticamente limpia solo porque superó un filtro administrativo. En política, muchas veces lo más corrosivo no es lo ilegal, sino lo contradictorio.
Y eso es exactamente lo que lastima aquí: la contradicción. Morena no era cualquier partido administrando un edificio. Era el partido que se vendió como ruptura ética con el pasado. El que señalaba a PRI y PAN por sus excesos, sus negocios, sus moches, sus componendas. El que prometió que el poder ya no sería una oficina para hacer negocios entre pocos. Por eso esta historia pesa más de lo que aparenta. Porque no exhibe solo una compra cara. Exhibe la distancia entre el discurso y la práctica.
Al final, el problema de Morena no es solo explicar cifras. Es explicar por qué una historia así no debería oler a lo mismo que tantas veces criticó. Porque cuando un partido llega prometiendo ser distinto, ya no se le mide solo por si violó la ley. Se le mide por si traicionó su relato. Y en este caso, aunque no haya condena legal, el golpe político está clarísimo: la casa de la austeridad salió demasiado cara para no levantar sospechas.
