La sanción de Estados Unidos contra Juan Pablo Penilla no solo exhibe a un abogado señalado por ayudar al Cártel del Noreste. También vuelve a abrir una herida mexicana: la del poder criminal que no siempre entra armado, a veces entra con credencial, foto política y lenguaje jurídico.
La historia de Juan Pablo Penilla es incómoda por una razón muy simple: rompe esa idea tranquilizadora de que el crimen organizado siempre se ve como en serie de streaming, con convoy, corrido y chaleco táctico. No. A veces se ve mucho más presentable. A veces se sienta en una oficina, habla en términos legales, se mueve en eventos públicos y hasta posa para la foto con políticos. Por eso este caso pega tanto.
Estados Unidos sancionó a Penilla porque, según el Departamento del Tesoro, no se quedó en el papel de abogado defensor. La acusación es más pesada: dice que dio servicios ilegales al Cártel del Noreste más allá de una relación normal abogado-cliente y que incluso fungió como intermediario de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, con la dirigencia actual del grupo criminal. Esa es la parte brutal del caso. No lo retratan como un litigante incómodo. Lo retratan como engrane.
Y ahí aparece la otra capa, la política. Reforma lo presenta como abogado ligado a Morena, y además han circulado fotos suyas con figuras del partido, entre ellas Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Mario Delgado y Martí Batres. Claro, las fotos por sí solas no prueban complicidad criminal. Pero en política la imagen también pesa, y cuando el personaje termina sancionado por Washington por presuntos nexos con un cártel, esa galería deja de verse como álbum de campaña y empieza a parecer foco rojo.
Lo más demoledor es el contraste institucional. Otra vez, Estados Unidos hizo lo que México no había hecho con la misma contundencia: moverle financieramente a una red presuntamente vinculada al narco. OFAC no lo metió a prisión, pero sí lo mandó a la congeladora: bienes bloqueados en Estados Unidos y prohibición para que ciudadanos o empresas estadounidenses hagan negocios con él. En español simple: le apagaron la llave del sistema financiero donde sí duele.
Y no fue un caso suelto. En el mismo paquete también cayeron otros dos presuntos operadores y dos casinos de Tamaulipas señalados por lavado de dinero y actividades ligadas al Cártel del Noreste. Eso vuelve el mensaje todavía más fuerte: no están describiendo a un personaje aislado, sino a una estructura donde crimen, dinero y operadores de cuello blanco conviven bastante mejor de lo que al discurso oficial le gustaría admitir.
El problema de fondo es ese. En México nos sigue sorprendiendo que el narco tenga abogados, contactos, intermediarios y vasos comunicantes con la política, como si el crimen organizado pudiera mover miles de millones de pesos viviendo nada más en la clandestinidad. La realidad es mucho más cínica: esas redes sobreviven porque saben mezclarse con lo legal, lo público y lo respetable.
Por eso este caso no solo trata de un abogado. Trata de algo peor: de lo fácil que ciertas figuras pueden caminar entre poder, partido y crimen sin que nadie se inmute… hasta que Washington decide hacerlo escándalo.
