Bajada: El caso de El Poder del Consumidor no solo abre una discusión sobre salud pública. Abre una discusión mucho más incómoda: quién puede recibir dinero extranjero para empujar políticas en México… y quién es satanizado por hacerlo.
En México la congruencia política suele durar menos que una promesa de campaña, y este tema lo retrata perfecto. Bloomberg Philanthropies destinó casi 300 millones de pesos a El Poder del Consumidor, la organización encabezada por Alejandro Calvillo, para respaldar campañas, estudios y presión regulatoria en temas como refrescos, comida chatarra y etiquetado frontal. El dato por sí solo ya es fuerte. Pero lo realmente interesante no es solo el dinero, sino el tipo de poder que ese dinero compra: capacidad de instalar temas, influir en la conversación pública y empujar políticas que terminan afectando mercados enteros y decisiones del Estado.
Aquí no estamos frente a la postal romántica del activismo artesanal. Aquí hay estructura, estrategia, financiamiento internacional y una narrativa moral muy eficiente: tú recibes recursos desde fuera, le pegas a empresas gigantes, empujas impuestos, regulaciones y restricciones, y al final apareces como héroe de la salud pública. El truco funciona porque la causa suena noble. Y muchas veces lo es. El problema empieza cuando la nobleza de la causa pretende blindar cualquier pregunta incómoda sobre quién paga, cuánto paga y con qué nivel de influencia termina operando en un país que no es el suyo.
La historia se vuelve todavía más sabrosa cuando entra la 4T. López Obrador celebró públicamente el etiquetado frontal en 2020 y volvió a respaldarlo en 2024. Es decir, una de las grandes banderas que estas organizaciones llevaban años impulsando terminó siendo abrazada por el obradorismo como política correcta. Y ahí es donde el doble rasero se vuelve imposible de ignorar: cuando el dinero extranjero apoyaba causas que le gustaban al gobierno, entonces no era injerencia, era conciencia social, ciencia y defensa de la salud. Pero cuando el dinero extranjero llegaba a organizaciones críticas del poder, entonces sí aparecía el discurso del complot, la intromisión y el atentado contra la soberanía.
Ese contraste no es menor. Porque mientras unas organizaciones fueron golpeadas fiscalmente y muchas perdieron la autorización para recibir donativos deducibles, otras podían seguir empujando agenda con mucho más oxígeno político y moral. El caso de las asociaciones afectadas por las revocaciones recientes muestra justo eso: en México el problema no parece ser el financiamiento externo en sí mismo, sino quién lo recibe y para qué le sirve al poder.
Y encima se suma otro elemento: la asociación promovida por López Obrador para apoyar a Cuba recibió respaldo político abierto y se convirtió en símbolo de solidaridad legítima dentro del universo oficialista. Otra vez, el filtro no fue el origen del dinero ni la mezcla entre activismo y agenda política. El filtro fue la afinidad. Si ayuda a una causa del régimen, se llama humanismo. Si ayuda a una causa incómoda para el régimen, se llama intervención extranjera.
Ahora bien, con las acusaciones más explosivas hay que ser serios. Los señalamientos sobre triangulación, conflictos de interés o pagos a personas cercanas son delicados y merecen pruebas sólidas. Hasta donde pude corroborar, esa parte está planteada como acusación pública, no como hecho judicialmente acreditado. Y justo por eso el debate fuerte no necesita exagerarse: el doble estándar ya es suficientemente escandaloso por sí solo.
Al final, este caso deja una lección bastante mexicana: no toda la injerencia extranjera escandaliza. Solo escandaliza la que no llega con el discurso correcto ni le sirve al gobierno correcto.
