La propuesta de restringir redes sociales a menores de 16 años ya se discute en varios países y empieza a tomar fuerza en México.
En Querétaro, Mauricio Kuri y Agustín Dorantes quieren colocarse al frente de esa conversación, en medio de una preocupación cada vez más visible: niños que ya no leen, jóvenes que no sostienen una película completa y una atención moldeada por videos de segundos. La discusión sobre restringir o incluso prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales ya no puede despacharse como una exageración conservadora ni como un simple gesto de pánico generacional.
El debate dejó de ser marginal en cuanto varios gobiernos comenzaron a plantearlo como asunto de salud pública, seguridad digital y protección de la infancia. Australia avanzó en esa ruta, y en Europa la conversación ha tomado nuevo impulso con el respaldo de Emmanuel Macron a regulaciones más estrictas. México, naturalmente, no tardó en subirse a esa corriente.
Pero aquí conviene hacer una precisión política importante: ni Agustín Dorantes ni Mauricio Kuri están inaugurando esta discusión. Lo que están haciendo, más bien, es detectar que se trata de una conversación internacional con creciente legitimidad pública y tratar de ocupar un lugar visible dentro de ella. En política, eso no es menor. Muchas veces no gana quien descubre primero un problema, sino quien logra ponerle rostro, tono y narrativa antes que los demás.
La iniciativa presentada por Agustín Dorantes en febrero de este año va en esa dirección. Su propuesta no plantea una prohibición total como la australiana, pero sí busca fortalecer el marco de protección para niñas, niños y adolescentes en redes sociales, con énfasis en el uso seguro, la educación digital y la responsabilidad compartida entre familias, plataformas y Estado. Es una apuesta que intenta colocarse en el punto medio: no el veto absoluto, pero tampoco la pasividad regulatoria que ha predominado hasta ahora.
En el caso de Mauricio Kuri, el movimiento parece todavía más estratégico. Sus posicionamientos previos sobre el impacto de las redes en menores ya existían, pero hoy encuentran un terreno mucho más fértil. La conversación global le da a ese discurso una nueva respetabilidad. Lo que hace un año podía sonar a alarma moral, ahora puede presentarse como prevención. Lo que antes parecía un exceso, ahora se vende como anticipación responsable. Y ésa es justamente la oportunidad política que algunos actores han detectado con rapidez.
El fondo del asunto, sin embargo, obliga a no quedarse en la superficie del gesto. Restringir redes sociales a menores puede ser una medida popular, incluso comprensible, frente al deterioro de la conversación pública, la exposición a contenidos nocivos, el acoso digital y la adicción algorítmica. Pero también corre el riesgo de convertirse en una solución de alto impacto mediático y baja profundidad estructural. Porque el problema no son sólo los menores conectados; el problema son plataformas diseñadas para capturar atención sin límites, modelos de negocio montados sobre la compulsión y familias que muchas veces enfrentan solas una tecnología que llegó sin manual.
Por eso este debate merece más seriedad de la que suele dársele en tribuna y en conferencia. Si la discusión va a servir únicamente para cosechar capital político entre padres preocupados, entonces terminará convertida en una bandera rentable, pero insuficiente. Si, en cambio, se usa para abrir una conversación más amplia sobre salud mental, educación digital, responsabilidad de las plataformas y límites regulatorios reales, entonces podría volverse una agenda pública con verdadero contenido.
Dorantes y Kuri han entendido que el tema crece y que conecta con una inquietud social genuina. La pregunta es si quieren encabezar una política pública seria o simplemente asegurarse de que, cuando la discusión estalle en México, sus nombres aparezcan al frente. En ese matiz está toda la diferencia entre liderar un debate y aprovecharlo.
