Cofepris alertó por venta ilegal y falsificación de vacunas contra el VPH. El escándalo no sólo asusta por el fraude: también por lo que revela sobre mercado negro, control sanitario y confianza rota.
La alerta de Cofepris por venta ilegal y falsificación de vacunas contra el VPH debería escandalizar mucho más de lo que probablemente va a escandalizar. No estamos hablando de perfumes clonados ni tenis pirata. Estamos hablando de biológicos que terminan en manos de personas que creen estar comprando protección para su salud, cuando en realidad podrían estar recibiendo un producto sin garantía de seguridad, calidad o eficacia. Cofepris advirtió que algunas dosis pertenecían a dos lotes destinados al sector público y que, además, detectó la falsificación de otros cinco lotes del mismo producto.
Eso ya es grave. Pero lo verdaderamente incómodo es lo que esta historia deja al descubierto. Si había lotes dirigidos al sector público circulando de forma ilegal, la pregunta ya no es sólo quién vende. La pregunta es quién dejó salir eso, por dónde se fugó y qué tan poroso es el sistema que supuestamente debía resguardar un insumo sanitario tan delicado. Porque una vacuna no aparece mágicamente en una app, en una página web o en una plataforma de comercio electrónico. Alguien la movió, alguien la ofreció, alguien encontró mercado para eso.
Cofepris fue muy clara en algo central: el uso de esos productos no es seguro en ningún caso porque se desconoce su procedencia, fabricación, importación, almacenamiento, distribución y transporte. Y eso, en una vacuna, lo cambia todo. Si se pierde la cadena de frío, si se adultera el contenido o si el lote ni siquiera corresponde al producto auténtico, el riesgo ya no es sólo que no proteja. El riesgo es que la persona se confíe, piense que está cubierta y tome decisiones desde una falsa seguridad.
Hay un detalle que enciende todavía más focos rojos: según la nota, algunos números de lote correspondían en realidad a otros fármacos. El propio fabricante, Merck Sharp and Dohme, señaló que las dosis pudieron haber ingresado ilegalmente al país, o incluso ser muestras médicas o productos destinados a destrucción. Eso empuja el tema a un terreno todavía más turbio, donde se cruzan mercado negro, desvío de insumos y posibles fallas de vigilancia.
Y aquí entra la crítica social que casi siempre dejamos pasar. En México hay una combinación explosiva: necesidad, desinformación y comercio digital sin suficiente control. Cuando alguien busca una vacuna fuera de los canales formales, muchas veces no lo hace por capricho; lo hace por prisa, por miedo, por falta de acceso o por desesperación. Ahí es donde entran los oportunistas. Y el problema no es sólo el estafador de pantalla. El problema es un ecosistema que vuelve rentable vender esperanza falsificada. Eso también es violencia, aunque no suene tan espectacular en una conferencia.
Esta alerta no debería quedarse en el susto del día. Tendría que abrir una discusión más dura sobre vigilancia sanitaria, trazabilidad de medicamentos y responsabilidad institucional. Porque si productos del sector público terminan fuera de control y biológicos falsos circulan con relativa facilidad, entonces el agujero no está sólo en internet. Está dentro del sistema.
Y cuando la salud entra al mercado negro, el daño no empieza con la jeringa. Empieza desde antes, en el momento en que la confianza pública ya fue contaminada.
