El macrojuicio contra 486 presuntos integrantes de la MS-13 ya se volvió una postal brutal del modelo Bukele: un solo proceso por más de 47 mil delitos, cientos de acusados conectados desde prisión y penas que pueden llegar a 245 años. El punto incómodo es otro: mientras el gobierno presume control total, críticos advierten que la justicia masiva también puede arrasar con el debido proceso.
El macrojuicio contra la MS-13 en El Salvador no solo es impactante por el tamaño del expediente. También lo es porque condensa, en una sola imagen, todo lo que representa el modelo de Nayib Bukele: poder concentrado, resultados contundentes en seguridad, castigo masivo y una idea de justicia donde la escala parece más importante que las sutilezas del proceso. Un tribunal salvadoreño comenzó el juicio colectivo contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha por más de 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos homicidios, feminicidios, extorsión y tráfico de armas. El solo volumen del caso ya lo vuelve extraordinario.
Pero lo que realmente vuelve este caso tan potente es su dimensión visual y política. De acuerdo con AP, 413 de los acusados siguieron la audiencia desde prisión, muchos desde el CECOT, mientras otros 73 están siendo procesados en ausencia. No parece un juicio tradicional; parece una fábrica judicial funcionando a máxima capacidad. Reuters añadió otro dato demoledor: un solo acusado podría enfrentar hasta 245 años de cárcel si es hallado culpable de múltiples cargos. Esa mezcla entre gigantismo, simbolismo carcelario y castigo descomunal es exactamente la estética del bukelismo: orden absoluto, fuerza desbordada y un mensaje clarísimo de que el Estado ya no negocia con el crimen, lo aplasta.
El gobierno salvadoreño vende esto como prueba de que su guerra contra las pandillas sí funcionó. Reuters señala que la administración presume una caída de la tasa de homicidios de 7.8 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 1.3 el año siguiente. Y es justo ahí donde Bukele gana la discusión con muchísima gente: después de años en que la mara operó como poder paralelo, ver a centenares de acusados en pantalla y a la cúpula de la MS-13 enjuiciada produce una sensación de reparación histórica. Infobae, además, reportó que testigos implicaron a 22 líderes en más de 9 mil delitos y en órdenes para asesinatos masivos, incluida la muerte de policías y ataques sin restricciones. Eso refuerza la idea de que no se está juzgando a simples pandilleros rasos, sino al mando de una maquinaria criminal que sembró terror por años.
El problema es que esa fuerza narrativa convive con una pregunta muy seria sobre los límites del Estado. Reuters y AP coinciden en que este juicio forma parte del régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual se ha detenido a más de 91 mil personas. AP añade que organizaciones de derechos humanos han registrado más de 6 mil quejas por abusos, al menos 500 muertes bajo custodia y que el propio Bukele ha reconocido que al menos 8 mil inocentes fueron arrestados y luego liberados. Ahí es donde el éxito en seguridad se vuelve políticamente brillante, pero jurídicamente incómodo. Porque una justicia tan masiva puede ser eficaz para desmantelar estructuras criminales, pero también puede acostumbrar al país a procesos donde el debido proceso, la defensa individual y la presunción de inocencia se vuelven obstáculos secundarios.
La gran pregunta que deja este juicio no es si la MS-13 merece enfrentar a la justicia. Claro que sí. La pregunta es si El Salvador está construyendo una justicia histórica o una justicia de volumen, tan dura y tan acelerada que mañana también pueda tragarse a cualquiera que el poder decida meter en la misma lógica. La mara sembró terror durante años. Lo que está por verse es si, para enterrarla, Bukele está enterrando también los límites que deben frenar al Estado.
