La caída de los hermanos Farías Laguna no es solo el final de una persecución. Es el derrumbe de una de las historias más incómodas para el aparato de poder que se vendió durante años como sinónimo de disciplina, honor y limpieza. Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, marinos de alto rango y sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, están acusados de encabezar una red gigantesca de contrabando de combustible desde las aduanas y puertos que debían proteger. La detención de Fernando en Buenos Aires, después de meses prófugo, cerró el círculo de fuga de una trama que ya huele a uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado.
El caso pega donde más duele: en la narrativa. Durante el gobierno de López Obrador, la Marina fue tratada como institución ejemplar, casi inmune a la podredumbre que sí se le atribuía a otras áreas del Estado. Se le entregaron funciones estratégicas, entre ellas la administración de puertos y aduanas, bajo la idea de que la disciplina militar resolvería lo que la corrupción civil había echado a perder. Pero el expediente de los Farías Laguna cuenta exactamente lo contrario: una presunta red criminal incrustada dentro de esa misma estructura, aprovechando jerarquía, mando y parentesco para convertir el resguardo del Estado en negocio privado.
La acusación los coloca al centro de una maquinaria de huachicol fiscal que operaba falsificando documentos para introducir diésel y gasolina como si fueran productos distintos, libres de gravamen. El tamaño del golpe no es menor. La trama salió a flote tras el aseguramiento del buque Challenge Procyan en costas de Tamaulipas en marzo de 2024, cargado con 10 millones de litros de diésel de contrabando procedente de Texas. Ese decomiso abrió la puerta a una investigación que fue mostrando una red con tentáculos en puertos clave, sobornos, control de nombramientos y una protección interna difícil de explicar sin una estructura de complicidades mucho más alta.
Lo más delicado no es solo la magnitud económica del esquema, sino el apellido político que lo rodea. La influencia de los hermanos dentro de la Marina, según el reporte, estaba atravesada por su vínculo familiar con Ojeda Durán. El exsecretario no está bajo investigación, pero el caso deja flotando una pregunta devastadora: ¿de verdad nadie arriba vio nada, o simplemente resultaba más cómodo no mirar? El problema de fondo no es únicamente si el exfuncionario participó, sino si el sistema entero prefirió proteger la reputación institucional antes que cortar a tiempo una red que drenaba millones al erario.
La historia se vuelve todavía más oscura por sus ecos alrededor. En medio del destape de la red fueron asesinados un contralmirante que había denunciado internamente el esquema y una fiscal de Colima. La Fiscalía cree que el homicidio del marino denunciante pudo haberse fraguado desde dentro de la propia institución. Ahí el caso deja de ser solo corrupción y entra en otra dimensión: la de una estructura que no solo roba, sino que presuntamente neutraliza a quien amenaza con romper el pacto de silencio.
Fernando Farías Laguna cayó en Argentina usando identidad falsa, alojado en Palermo y con proceso de extradición en marcha. Su hermano Manuel Roberto ya estaba preso. Lo que sigue no es solo judicial. También es político. Porque si esta fue una de las mayores tramas de corrupción incrustadas en la Marina, entonces no basta con exhibir a dos “manzanas podridas”. El escándalo obliga a revisar hasta dónde llegó la cadena de protección, cuántos se beneficiaron y cuántos hicieron como que no pasaba nada mientras el combustible ilegal cruzaba justo por las puertas que supuestamente vigilaban los guardianes del Estado.
