Una ministra vota un caso millonario y el beneficiado es el organismo que dirige su hermano. El debate ya no es técnico, es ético.
El caso de Lenia Batres vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más incómodos en la política mexicana: el conflicto de interés.
No es la primera vez que aparece. Tampoco será la última. Pero hay casos que, por su claridad, no necesitan demasiada explicación. Este es uno de ellos.
Una ministra de la Suprema Corte participa en un proyecto relacionado con una deuda millonaria. La institución beneficiada está encabezada por su hermano. Y aun así, no se declara impedida.
El problema no es solo jurídico. Es de percepción pública.
Porque la justicia no solo tiene que ser imparcial. Tiene que parecerlo.
Y aquí es donde el caso se complica.
En cualquier sistema institucional sólido, la sola posibilidad de un conflicto de interés es suficiente para que un funcionario se excuse. No porque haya culpa previa, sino porque la confianza en las instituciones depende de evitar cualquier duda razonable.
En este caso, la duda no es razonable. Es evidente.
El vínculo familiar es directo. El monto es alto. El impacto es público. Y la decisión de participar, lejos de disipar sospechas, las amplifica.
Esto no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto donde el discurso político ha girado en torno a la idea de una nueva ética pública, de un combate frontal a la corrupción y de una transformación profunda de las instituciones.
Por eso el golpe es mayor.
Porque cuando quienes promueven ese discurso son los mismos que terminan en situaciones que lo contradicen, la narrativa se rompe.
Y cuando la narrativa se rompe, lo que queda es desconfianza.
No se trata de afirmar que hubo una ilegalidad. Esa es una discusión técnica que corresponde a instancias formales.
Se trata de reconocer que hay una falla política y ética.
Una falla en la capacidad de entender que el poder público no solo se ejerce conforme a la ley, sino también conforme a estándares de integridad que van más allá de lo mínimo legal.
El conflicto de interés no siempre es un delito. Pero siempre es un riesgo.
Un riesgo para la credibilidad.
Un riesgo para la legitimidad.
Un riesgo para la confianza.
Y en un país donde la confianza en las instituciones ya está debilitada, ese riesgo no es menor.
La Suprema Corte no es cualquier órgano. Es el último árbitro del sistema.
Si ahí no se cuidan las formas, el mensaje hacia abajo es claro: todo se vale mientras se pueda justificar.
Y ese es el verdadero problema.
Porque la justicia no se mide solo en sentencias.
Se mide en confianza.
Y cada vez que un caso como este aparece, esa confianza pierde otro pedazo.
