La visita del alto comisionado de la ONU a México terminó dejando una sensación amarga entre víctimas y organizaciones civiles. No porque no hubiera reuniones ni porque faltaran palabras de preocupación, sino porque, frente a una crisis de desapariciones que desde hace años desborda a las instituciones, lo que muchos esperaban era algo más que diplomacia con buena dicción. La activista Eliana García resumió el malestar con una frase que pesa: la visita fue decepcionante.
El problema de fondo no fue ceremonial, sino político. Según García, el funcionario llegó, escuchó, reconoció desafíos y sufrimiento, pero evitó fijar una postura firme sobre el incumplimiento del Estado mexicano en materia de búsqueda, atención a víctimas e identificación forense. Ese matiz cambia todo. Porque en una tragedia de esta magnitud, la neutralidad institucional empieza a parecerse demasiado a una forma elegante de no incomodar al poder.
Uno de los reclamos más duros fue que el encuentro con familiares ni siquiera estaba previsto de inicio y solo se concretó tras presión pública. Eso ya marcaba el tono. Después vino lo más delicado: para activistas y acompañantes, el mensaje final del alto comisionado terminó validando más la narrativa oficial que el tamaño real del desastre. Se reconocieron leyes, protocolos y esfuerzos, pero no se señaló con la misma claridad que gran parte de esa arquitectura sigue sin funcionar como debería.
Ahí está la herida central. México no padece una simple falta de normas, sino una crisis de implementación. García recordó que desde 2014 ni siquiera se ha instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pese a estar previsto legalmente, y sostuvo que en la práctica las búsquedas siguen recayendo principalmente en las familias. Es decir: el Estado presume marco legal, pero las madres siguen cargando la pala.
También pesó el silencio sobre uno de los temas más sensibles para los colectivos: la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permitiría escalar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU. Para quienes acompañan esta lucha, no era un detalle técnico ni un asunto secundario, sino una prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el organismo internacional. Y, según la crítica expuesta, no llegó muy lejos.
El malestar crece porque la crisis ya no cabe en discursos de acompañamiento. México arrastra una tragedia masiva, con familias rotas, presupuestos insuficientes, restos sin identificar y una impunidad que no parece accidente, sino estructura. Cuando ante algo así la respuesta internacional suena mesurada, el mensaje que queda no es de respaldo pleno a las víctimas, sino de prudencia frente al Estado.
Por eso la visita dejó más frustración que alivio. No porque la ONU deba resolver por sí sola la crisis mexicana, sino porque, cuando el horror ya es inocultable, la tibieza también comunica. Y comunica algo peligroso: que incluso ante una de las heridas más brutales del país todavía hay margen para salir bien en la foto sin tocar el nervio del problema.
