Layda Sansores denunció que su gobierno está quebrado y que no hay recursos ni para pagar la electricidad de oficinas públicas. El reclamo puede tener base financiera, pero también evidencia los límites de gobernar culpando siempre al pasado.
La frase es demoledora por sí sola: no hay ni para pagar la luz. Cuando una gobernadora llega al punto de advertir que su administración podría dejar de cubrir el servicio eléctrico de oficinas públicas, el mensaje político es inevitable. Campeche no solo enfrenta un problema presupuestal; enfrenta una crisis de gobierno, de prioridades y de narrativa.
Layda Sansores denunció que su administración está financieramente asfixiada por recortes federales y por una supuesta herencia de problemas acumulados. El argumento no es nuevo. En México, cada gobierno suele encontrar en el pasado una explicación cómoda para el presente. La “herencia maldita” se ha convertido en una especie de recibo eterno: se usa para justificar deudas, carencias, errores, retrasos y hasta apagones administrativos.
El problema es que esa explicación tiene fecha de caducidad. Al principio puede servir para contextualizar. Sí, muchos estados arrastran deudas, compromisos laborales, pensiones, infraestructura abandonada y sistemas financieros mal diseñados. Pero después de años en el poder, gobernar no puede seguir consistiendo en señalar ruinas anteriores mientras las oficinas actuales se quedan sin recursos básicos.
Porque una cosa es exigir una revisión justa de las participaciones federales, y otra muy distinta es presentar el posible impago de la electricidad como si fuera una protesta heroica. Un gobierno no es una casa en la que se apagan las luces para ahorrar. Una oficina pública sin energía no es una metáfora: es atención detenida, trámites frenados, trabajadores sin condiciones y ciudadanos pagando las consecuencias.
El reclamo de Sansores también es incómodo para Morena. Campeche es gobernado por una figura histórica del movimiento, una política cercana al obradorismo y con discurso combativo. Pero cuando el gobierno local dice que no puede pagar servicios básicos por falta de recursos federales, el golpe no va únicamente contra los adversarios del pasado. También toca al modelo de coordinación entre gobiernos morenistas y la Federación.
Ahí está la contradicción. Si el problema es el pasado, ¿por qué el presente no logra corregirlo? Si el problema son los recortes federales, ¿por qué una administración del mismo movimiento no encuentra una ruta política efectiva para resolverlos? Si el problema es financiero, ¿dónde está el ajuste serio antes de llegar al espectáculo del recibo impagable?
El sarcasmo viene casi escrito: prometieron encender la transformación y ahora amenazan con apagar las oficinas. Pero detrás de la frase fácil hay un asunto serio. La ciudadanía no elige gobiernos para que narren la quiebra con dramatismo, sino para que administren crisis con responsabilidad.
Layda puede tener razones para reclamar más recursos. Campeche puede arrastrar problemas profundos. Pero la responsabilidad de gobernar implica algo más que repartir culpas entre administraciones anteriores y fórmulas federales. Implica explicar con claridad dónde está el dinero, qué se recortará, qué se priorizará y cómo se evitará que la crisis termine afectando a la población.
La herencia puede pesar, sí. Pero si el recibo llegó hoy, alguien tiene que pagarlo hoy. Y en política, cuando se apaga la luz, lo primero que queda expuesto no es la oscuridad del pasado, sino la fragilidad del gobierno presente.
