La FGR suma una nueva imputación contra René Gavira por un presunto desvío en Zacatecas. Pero el verdadero escándalo sigue siendo el mismo: mientras unos acumulan cargos, otros parecen acumular protección política.
Segalmex ya desapareció como institución, pero su desfalco sigue apareciendo como humedad en la pared. Cada nueva imputación confirma que no se trató de un error administrativo menor, sino de una red de decisiones, contratos y omisiones que terminó devorándose una de las promesas sociales más presumidas del obradorismo.
Ahora la FGR presentó una nueva acusación contra René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, por un presunto desvío de 13.8 millones de pesos en Zacatecas. El dinero, en teoría, era para el mantenimiento de oficinas. En la práctica, según las investigaciones, las obras quedaron inconclusas o no pudieron comprobarse.
El dato no es menor. El contrato fue entregado por adjudicación directa a Inmobiliaria Terbix, una empresa que ya había aparecido vinculada a otros contratos relacionados con bodegas de almacenamiento para Segalmex. Es decir, otra vez el mismo olor: dinero público, asignaciones sin competencia real y resultados que nadie puede explicar con claridad.
Con esta nueva imputación, Gavira ya acumula siete expedientes. Pero reducir el caso Segalmex a René Gavira sería demasiado cómodo. Él puede ser una pieza importante, pero no puede ser el único rostro de un desfalco de esta magnitud.
El problema de fondo es la impunidad selectiva.
Porque mientras algunos funcionarios son procesados, el nombre de Ignacio Ovalle sigue flotando con una ligereza política difícil de justificar. Ovalle no era un trabajador de ventanilla ni un operador menor. Fue el director de Segalmex, el hombre puesto al frente de una institución creada para llevar alimentos baratos a la población más vulnerable del país.
La pregunta es inevitable: ¿de verdad un desfalco de este tamaño ocurrió sin que el jefe se enterara? ¿O el sistema está diseñado para que caigan los encargados administrativos mientras los nombres políticamente incómodos sobreviven?
Segalmex fue presentado como justicia social. Era la promesa de un Estado que pondría comida accesible en la mesa de los más pobres. Pero terminó convertido en una caja negra de contratos, adjudicaciones directas, proveedores cuestionados y millones sin comprobar. El contraste es brutal: un programa creado en nombre de los pobres terminó bajo sospecha de haber servido para saquear dinero público.
Y ahí está lo más grave para la narrativa de la 4T. No se trató de un escándalo heredado, ni de una estructura vieja que simplemente se encontró funcionando. Segalmex nació, creció y se pudrió dentro del proyecto que prometió acabar con la corrupción.
Por eso cada nuevo cargo contra Gavira también reabre una duda sobre Ovalle y sobre quienes lo protegieron políticamente. La justicia no puede convertirse en una escalera que solo baja. Si el expediente llega hasta los operadores, pero nunca toca los niveles de decisión más altos, entonces no estamos viendo justicia completa. Estamos viendo administración del daño.
Segalmex ya no existe, pero su sombra sigue ahí.
Unos acumulan cargos.
Otros acumulan silencio.
Y donde hay tanto silencio, casi siempre hay alguien cuidando la puerta.
