Los señalamientos contra Enrique Inzunza exhiben una historia incómoda: mujeres que denunciaron, instituciones que no actuaron y una versión donde hasta El Mayo Zambada habría puesto el alto.
El caso de Enrique Inzunza no puede leerse como un escándalo aislado ni como una simple guerra de columnas políticas. Lo que se acumula alrededor de su nombre es más grave: poder judicial, poder político, denuncias por presunto acoso, versiones de hostigamiento, silencios institucionales y una sombra criminal que vuelve todo todavía más incómodo.
Inzunza no era un funcionario menor. Fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, después secretario de Gobierno de Rubén Rocha Moya y hoy senador de Morena. Es decir, su trayectoria ha pasado por algunos de los espacios donde, en teoría, se defiende la ley, se protege a las víctimas y se sostiene la institucionalidad. Por eso los señalamientos pesan más. No se trata de alguien al margen del poder, sino de alguien formado, protegido y elevado por ese mismo poder.
Según lo publicado por el periodista Claudio Ochoa, una trabajadora del Poder Judicial habría sufrido durante meses un hostigamiento atribuido a Inzunza, con conductas como videos de contenido sexual, envío de juguetes eróticos a su domicilio y otras formas de presión que muestran una dinámica profundamente abusiva. La versión sostiene que la víctima habría escalado la queja hasta Rubén Rocha Moya, sin que eso bastara para detenerlo.
Ese punto es clave. Si una mujer denuncia internamente, si el caso llega a niveles altos del poder local y aun así no pasa nada, el mensaje para todas las demás víctimas es devastador: puedes hablar, pero no necesariamente te van a escuchar; puedes denunciar, pero no necesariamente te van a proteger.
Lo más turbio de esta historia es la versión de que las acusaciones habrían llegado hasta El Mayo Zambada, y que habría sido él quien ordenó frenar el acoso. Si eso fuera cierto, la lectura es brutal. No sería una anécdota pintoresca ni una escena de narcoserie. Sería la confesión indirecta de un Estado rebasado: la autoridad formal no actuó, pero un poder criminal sí pudo poner límites.
Eso no es justicia. Eso es humillación institucional.
Además, los señalamientos contra Inzunza no se reducen a un solo caso. En 2018, la jueza Ana Karina Aragón Cutiño lo denunció penalmente por presunto acoso y hostigamiento sexual cuando él encabezaba el Tribunal de Justicia de Sinaloa. La carpeta se cerró por un supuesto perdón de la víctima, pero años después ella afirmó que ese perdón habría sido dado bajo presión y que nunca fue ratificado.
Ahí aparece el patrón más preocupante: mujeres que denuncian, expedientes que se diluyen, poderosos que avanzan y estructuras políticas que no solo sobreviven al escándalo, sino que incluso ascienden.
Inzunza está embarrado por todos lados porque su caso toca demasiadas fibras al mismo tiempo: género, justicia, política, Morena, Rocha Moya, Sinaloa y la presencia permanente de poderes paralelos. No basta con decir que son versiones o acusaciones. Justamente por eso deberían investigarse con seriedad.
Porque cuando una mujer no encuentra protección en las instituciones, el problema deja de ser individual. Se vuelve una radiografía del sistema.
Y en esta historia, la imagen es terrible: un funcionario poderoso señalado, víctimas que no habrían sido escuchadas y una versión donde el “estate quieto” no vino de la ley, sino del crimen.
