La SEP armó en pocos días una de esas tormentas políticas que parecen pequeñas hasta que revientan en la cara. Ayer, Mario Delgado todavía defendía la idea de adelantar el cierre del ciclo escolar y reducir de golpe el tiempo efectivo de clases bajo el argumento del calor extremo y el Mundial de 2026. El mensaje oficial intentaba venderlo como ajuste razonable, incluso moderno, con la idea de que México no podía seguir atado a un solo calendario. Pero la reacción fue inmediata: padres, docentes y opinión pública leyeron otra cosa, una mezcla de improvisación, desconexión y desprecio por el tamaño del rezago educativo.
La propuesta había encendido el debate porque implicaba cerrar clases mucho antes de lo previsto y dejar a millones de alumnos en un esquema que, en los hechos, rozaba unas vacaciones larguísimas. No solo era una discusión de fechas. Era una discusión sobre prioridades. En un país con rezago educativo, brechas profundas entre educación pública y privada, y familias trabajadoras que dependen de la escuela como espacio de cuidado y contención, la idea cayó como una ocurrencia de escritorio.
Ayer mismo, Claudia Sheinbaum intentó matizar el golpe. Sostuvo que no se trataba de una ocurrencia individual, que el tema había sido conversado con autoridades estatales y que se buscaba una salida que respetara vacaciones sin afectar demasiado el ciclo. Pero el daño ya estaba hecho. La propuesta no solo sonó mal; sonó políticamente torpe. Y cuando un gobierno bajo presión abre un frente innecesario en un tema tan sensible como la educación, el costo llega rápido.
Hoy vino el revirón. Tras una reunión con autoridades educativas estatales, la SEP confirmó que se mantiene el calendario oficial y que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, como estaba previsto. Es decir: el plan vacacional que apenas ayer se justificaba como respuesta a una “nueva realidad” terminó cancelado por la presión pública y política. Lo que se quiso presentar como rediseño inteligente acabó viéndose como una marcha atrás obligada.
El episodio deja varias lecturas incómodas. La primera es la más evidente: hubo improvisación. Una medida de alto impacto nacional no puede lanzarse sin tener amarrado el consenso con padres, docentes y estados. La segunda: el gobierno subestimó el costo social de tocar el calendario escolar. Y la tercera, quizá la más dañina, es que Mario Delgado quedó exhibido como un funcionario que defendió con entusiasmo una idea que no sobrevivió ni un ciclo completo de presión.
También hay una lectura política más áspera. La SEP no solo reculó por razones técnicas; reculó porque el tema se volvió insostenible. La conversación pública ya no giraba alrededor del calor ni del Mundial, sino de algo peor para el gobierno: la imagen de una administración capaz de recortar clases en uno de los peores momentos para la educación mexicana. Sostener esa ruta era quemarse gratis. Por eso el recule fue tan rápido.
Al final, lo ocurrido entre ayer y hoy no deja una sensación de flexibilidad gubernamental, sino de desorden. Mario Delgado quiso defender un plan polémico, el gobierno intentó administrarlo, la crítica lo reventó y la SEP terminó regresando al punto de partida. El calendario quedó como estaba. Lo que no quedó igual fue la imagen del secretario: pasó de promotor del recorte a operador de la retirada en menos de un día.
