La reactivación del caso Héctor Melesio Cuén vuelve a exhibir una pregunta incómoda: ¿la justicia en México actúa por convicción institucional o solo cuando Estados Unidos empuja los expedientes que aquí incomodan?
La reactivación del caso Héctor Melesio Cuén no solo revive un homicidio lleno de dudas, versiones cruzadas y silencios incómodos. También vuelve a colocar sobre la mesa una constante peligrosa de la política mexicana: hay investigaciones que parecen dormir profundamente hasta que Estados Unidos toca la puerta.
Durante meses, el caso Cuén estuvo envuelto en contradicciones. Se habló de un ataque, de circunstancias confusas, de versiones oficiales que no terminaron de convencer y de una posible conexión con uno de los episodios más delicados del crimen organizado reciente: la captura de Ismael El Mayo Zambada y las acusaciones sobre lo ocurrido en una finca de Sinaloa. En cualquier país con instituciones fuertes, eso habría bastado para abrir líneas de investigación profundas, transparentes y públicas desde el primer momento.
Pero en México, cuando los casos rozan al poder, la justicia suele caminar con pies de plomo. O peor: parece esperar a ver hacia dónde sopla el viento político.
Ahora, tras las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la FGR reactiva investigaciones sobre la elección de 2021 en Sinaloa y sobre el homicidio de Cuén. Y aunque investigar siempre es correcto, el momento elegido despierta una sospecha inevitable: ¿por qué ahora?
La comparación con Genaro García Luna es incómoda, pero inevitable. Durante años fue usado como símbolo del viejo régimen, como prueba máxima de la corrupción del calderonismo y como arma política diaria. Pero la investigación que realmente lo sentó en el banquillo no nació en México: nació en Estados Unidos. Aquí se habló mucho. Allá se construyó el expediente.
Ese patrón se repite demasiado. México acusa en conferencia, condena en discurso, presume autoridad moral, pero cuando llega la hora de judicializar en serio, muchas veces el expediente robusto aparece del otro lado de la frontera.
Y eso debilita cualquier narrativa de soberanía. Porque no se puede presumir independencia nacional mientras los casos más delicados avanzan cuando Washington decide mover ficha. La soberanía no se defiende solo con discursos contra la DEA, la CIA o el intervencionismo. Se defiende con fiscalías capaces de investigar a los propios, con expedientes sólidos y con voluntad política para tocar intereses internos sin esperar autorización externa.
Si Rocha Moya no tiene responsabilidad, que se aclare con documentos, no con consignas. Si la elección de 2021 fue limpia, que se demuestre. Si el caso Cuén fue mal investigado, que se corrija. Y si hubo encubrimiento, manipulación o negligencia, que se diga con todas sus letras.
El problema no es que la FGR reactive el caso. El problema es que lo haga cuando el escándalo ya llegó desde Estados Unidos.
Porque entonces la justicia mexicana deja de parecer justicia.
Y empieza a parecer reacción tardía ante presión extranjera.
