El caso del coche que explotó cerca del AIFA abre una discusión incómoda: no solo sobre la posible participación de la CIA en México, sino sobre la manera en que el gobierno administra la verdad cuando el relato oficial empieza a tambalearse.
El coche que explotó cerca del AIFA parecía, en un inicio, otra postal brutal de la violencia mexicana: un vehículo en llamas, una carretera transitada, cuerpos calcinados y una explicación cómoda flotando en el aire: pleito entre criminales. Una versión práctica, rápida y suficientemente conocida como para que nadie preguntara demasiado.
Pero ahora, con nuevas versiones publicadas por medios internacionales, el caso se vuelve políticamente más incómodo. CNN habla de una operación letal facilitada por la CIA dentro de México. The New York Times matiza y señala que la agencia habría participado con inteligencia y apoyo en la planeación, pero no en el terreno. El gobierno mexicano lo niega. La CIA también lo niega. Y justo ahí empieza el problema: hay demasiadas versiones, demasiados silencios y muy poca claridad.
El punto no es defender a Francisco Beltrán, alias El Payín, señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa. El punto es saber quién opera en territorio mexicano, bajo qué reglas, con qué autorización y por qué el gobierno no ha sido transparente desde el principio.
Porque si fue cooperación formal, se puede explicar. Si fue inteligencia compartida, se puede reconocer. Si fue una operación mexicana con información extranjera, también se puede decir. Pero cuando todo se esconde bajo frases generales, desmentidos secos y respuestas defensivas, la duda deja de ser conspiración y se convierte en consecuencia lógica.
Aquí aparece la contradicción más fuerte: Morena ha hecho de la soberanía una bandera política. La usa frente a Estados Unidos, frente a la oposición y frente a cualquier crítica incómoda. Pero la soberanía no puede ser un discurso de campaña ni una herramienta para golpear adversarios. Si se defiende, se defiende siempre.
Por eso el contraste con Chihuahua es inevitable. Cuando se habló de agentes de la CIA en un operativo en ese estado, la presión contra Maru Campos fue inmediata. Se habló de responsabilidades, de explicaciones, incluso de consecuencias políticas. Muy bien. Que se investigue. Pero entonces la vara debe ser pareja. Si el caso del AIFA apunta al Estado de México, también debe haber preguntas para Delfina Gómez y para las autoridades federales. No puede haber indignación de un lado y silencio administrativo del otro.
La parte más delicada es que Morena criticó durante años la lógica del calderonismo: la guerra frontal, el “mátalos en caliente”, los operativos oscuros y la subordinación a estrategias de seguridad diseñadas desde fuera. Pero si ahora se toleran operaciones letales, versiones incompletas y agencias extranjeras moviéndose en la sombra, entonces el método no cambió tanto como prometieron.
Cambió el discurso. Cambió la narrativa. Cambió el color del gobierno.
Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién manda realmente cuando se trata de seguridad en México?
