El nuevo Detector de Mentiras extendido se presenta como una herramienta contra la desinformación, pero abre una pregunta delicada: ¿quién vigila al poder cuando el poder se nombra juez de lo verdadero?
El anuncio del Detector de Mentiras extendido suena, en principio, como una respuesta lógica a un problema real. La desinformación existe. Las campañas digitales existen. Los bots existen. También existen medios que exageran, manipulan, editan convenientemente o presentan sospechas como hechos cerrados. Negar eso sería ingenuo.
Pero el problema no está en que el gobierno quiera responder. Todo gobierno tiene derecho a aclarar, desmentir y presentar datos. El problema aparece cuando esa respuesta se convierte en un programa semanal encabezado por una figura política del propio movimiento en el poder. Ahí la frontera entre verificación y propaganda se vuelve demasiado delgada.
Luisa María Alcalde no es una árbitra externa ni una verificadora independiente. Es una figura central de Morena. Por eso, ponerla al frente de un espacio dedicado a señalar mentiras contra el gobierno genera una duda inevitable: ¿se va a combatir la desinformación o se va a construir una defensa oficial contra la crítica incómoda?
La verdad pública no puede administrarse como una ventanilla gubernamental. No basta con que el poder diga “esto es falso” para que el debate quede cerrado. En una democracia, las mentiras se desmontan con documentos, datos abiertos, expedientes claros, transparencia y posibilidad de contraste. No con una sección semanal donde el propio acusado decide qué acusación merece ser enterrada.
El gobierno puede tener razón en algunos casos. Seguramente habrá notas mal hechas, titulares tendenciosos y campañas digitales infladas artificialmente. Pero incluso cuando eso ocurre, el remedio no puede ser crear una especie de tribunal político de la verdad. Porque si el gobierno se acostumbra a etiquetar como mentira todo lo que le molesta, el siguiente paso es deslegitimar cualquier crítica antes de responderla.
Ese es el riesgo más delicado: que el Detector de Mentiras termine funcionando menos como herramienta de información y más como mecanismo de presión simbólica contra periodistas, medios, opositores o ciudadanos que cuestionen al poder. No hace falta censurar directamente para inhibir. A veces basta con señalar desde el aparato oficial, exhibir nombres y colocar a los críticos en la categoría de “mentirosos”.
El gobierno insiste en que no cree en la censura. Perfecto. Entonces la mejor forma de demostrarlo sería abrir información, responder preguntas incómodas, publicar contratos, transparentar decisiones y permitir escrutinio real. La transparencia siempre será más fuerte que cualquier detector.
Porque la mentira no se combate con un poder que se autoproclama dueño de la verdad. Se combate con instituciones confiables, datos verificables y discusión pública abierta.
El Detector de Mentiras extendido podría servir para aclarar información falsa. Pero también podría convertirse en una herramienta semanal para marcar enemigos narrativos.
Y cuando el gobierno empieza a repartir certificados de verdad y mentira desde su propia oficina, no estamos ante una simple estrategia de comunicación.
Estamos ante un poder que quiere tener la última palabra sobre la realidad.
