El Tribunal Electoral adjudicó un contrato millonario de comedor con menú internacional, justo cuando la confianza ciudadana en las instituciones sigue bajo presión.
El problema no es que los trabajadores del Tribunal Electoral coman. Eso sería absurdo. Toda institución necesita condiciones básicas para operar. El problema es el tamaño del contrato, el tipo de menú y el momento político en el que aparece.
Un comedor público puede ser funcional, digno y suficiente sin convertirse en una carta de restaurante internacional. Pero cuando se habla de un contrato de hasta 22 millones de pesos y aparecen platillos como boeuf bourguignon, crème brûlée, salmón glaseado, comida tailandesa, griega, china, pulpo y hamburguesa de portobello, la conversación deja de ser administrativa y se vuelve política.
Porque en México el gasto público no se lee en abstracto. Se lee desde la fila del supermercado, desde el transporte saturado, desde la deuda de las familias, desde el salario que no alcanza y desde una ciudadanía que cada vez confía menos en sus instituciones. En ese contexto, un menú gourmet pagado con recursos públicos no se siente como eficiencia operativa. Se siente como desconexión.
El Tribunal Electoral no es cualquier oficina. Es una institución clave para validar elecciones, resolver disputas políticas y sostener parte de la confianza democrática del país. Justamente por eso debería cuidar más que nadie la percepción pública. Una institución que arbitra el poder no solo debe ser imparcial; también debe parecer seria, prudente y consciente del país en el que vive.
Y ahí está el choque. Mientras el discurso público presume austeridad, combate a privilegios y sensibilidad social, ciertas instituciones parecen vivir en una burbuja presupuestal donde lo básico se vuelve premium y lo necesario se adorna con lujo. No es ilegal que haya comedor. No necesariamente es irregular que exista una licitación. Pero sí es políticamente torpe que, en plena crisis de confianza, la noticia sea que la justicia electoral comerá como si estuviera en un festival gastronómico.
La austeridad no debería ser castigo ni precariedad. Nadie está pidiendo que los servidores públicos trabajen sin condiciones dignas. Pero entre dignidad y exceso hay una línea. Y esa línea se cruza cuando el menú se vuelve más memorable que el servicio público que se supone debe sostener.
El enojo ciudadano nace de una pregunta muy simple: si para la gente común todo sube, todo cuesta y todo se recorta, ¿por qué para algunas instituciones siempre hay margen para el detalle gourmet?
La democracia mexicana ya tiene suficientes problemas de credibilidad como para sumarle postres franceses al expediente. Cuando el ciudadano siente que las instituciones son caras, lejanas y poco sensibles, este tipo de contratos no ayudan. Al contrario, alimentan la idea de que existe una clase burocrática que habla de austeridad desde el micrófono, pero come distinto cuando se sienta a la mesa.
Al final, el Tribunal Electoral no solo debería cuidar votos.
También debería cuidar las formas.
Porque en un país cansado de privilegios, hasta el menú puede convertirse en escándalo político.
