La acusación contra Samuel García no se trata solo de publicidad política, sino de una duda más profunda: si recursos vinculados al Gobierno de Nuevo León terminaron alimentando una estrategia nacional para posicionarlo rumbo a 2030.
El caso de Samuel García no puede reducirse a una simple discusión sobre anuncios en redes sociales. El verdadero tema es mucho más delicado: la ruta del dinero. Porque una cosa es que un político quiera promocionarse rumbo a una aspiración presidencial y otra muy distinta es que esa promoción pueda estar conectada, directa o indirectamente, con recursos provenientes del entorno gubernamental que él mismo encabeza.
Según los señalamientos publicados, el despacho familiar de Samuel García y de su padre habría pagado cerca de 82 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica para pauta digital, principalmente en Google y YouTube. La cifra por sí sola ya llama la atención. No estamos hablando de unos cuantos videos bien editados ni de una estrategia orgánica de redes. Estamos hablando de una maquinaria de posicionamiento político con alcance nacional.
El problema se vuelve más serio porque Nauka no sería una agencia ajena al Gobierno de Nuevo León. También habría facturado más de 100 millones de pesos al estado por publicidad oficial. Es decir, la misma empresa que cobra al gobierno también cobra al despacho familiar del gobernador para impulsar su imagen. Legalmente eso puede requerir investigación; políticamente, por lo menos, huele a conflicto de interés.
Pero el punto más delicado está en los señalamientos sobre posibles triangulaciones. La ruta descrita por las investigaciones periodísticas plantea un esquema inquietante: proveedores que reciben contratos millonarios del Gobierno de Nuevo León, empresas relacionadas que transfieren dinero al despacho familiar y luego ese despacho pagando pauta para posicionar a Samuel. Si eso se comprueba, no sería solo una estrategia de comunicación agresiva. Sería el posible uso indirecto de dinero público para construir una candidatura adelantada.
Samuel García lo niega. Dice que ningún proveedor del estado pagó sus anuncios y que si se demuestra lo contrario, renuncia. La frase suena fuerte, pero no basta con retar a los medios. Cuando se manejan cifras tan altas y empresas conectadas con contratos públicos, la respuesta no debería ser solo indignación, sino documentos, facturas claras, contratos transparentes y explicaciones completas.
Porque Nuevo León tiene demasiados problemas reales como para convertirse en caja chica de aspiraciones personales. Hay pendientes de seguridad, movilidad, agua, transporte, infraestructura y servicios públicos. Cada peso que sale del presupuesto estatal debería tener una utilidad pública clara, no terminar confundido en una ruta opaca que parece beneficiar la imagen de un gobernador con aspiraciones presidenciales.
El fondo es ético, no solo legal. Un gobernante no puede usar el poder público como trampolín personal. No puede convertir la comunicación institucional en precampaña disfrazada. Y no puede esperar que la ciudadanía crea, sin pruebas suficientes, que millones y millones de pesos girando alrededor de su despacho, sus proveedores y su agencia de publicidad son simple coincidencia administrativa.
Si Samuel quiere competir en 2030, está en su derecho. Pero esa ruta debe pagarse con recursos claros, privados, fiscalizados y sin sombra de dinero público.
Porque gobernar Nuevo León no debería ser el tráiler de una campaña presidencial. Y mucho menos si la función la termina pagando la gente.
