El caso Sinaloa ya dejó de ser un problema exclusivo de Rubén Rocha Moya. Lo que empieza a aparecer es algo más delicado: una red de lealtades, nombramientos y protecciones que conecta al gobernador con un grupo mucho más pesado del viejo obradorismo. Y ahí los nombres importan. Gerardo Mérida no era un funcionario cualquiera. Audomaro Martínez tampoco. Y López Obrador no está lejos de esa ecuación, aunque políticamente quieran aislar el incendio como si todo hubiera nacido y muerto en Culiacán.
La pieza clave es Mérida. Su paso por la Secretaría de Seguridad de Sinaloa no puede leerse como una casualidad administrativa. Su llegada al cargo se entiende mejor dentro de la lógica de confianza militar y política que marcó buena parte del sexenio pasado. Y en esa ruta, Audomaro aparece como figura central. No solo por su cercanía histórica con López Obrador, sino porque su peso dentro del aparato de inteligencia y seguridad lo convirtió en uno de los hombres con capacidad real para impulsar carreras, colocar perfiles y abrir puertas en territorios sensibles.
Decir que Audomaro estuvo detrás de la carrera de Mérida no es un detalle menor. Es entender que Sinaloa no quedó en manos de un cuadro aislado, sino de alguien vinculado a una estructura de confianza que venía de más arriba. Mérida no aterriza en ese estado como un técnico neutral. Llega con apellido político-militar, con padrinazgo de grupo y con una trayectoria que lo coloca dentro del mismo ecosistema de seguridad construido alrededor de López Obrador.
Y eso cambia la lectura del caso por completo. Porque si Rocha, ya cercado por acusaciones y reactivaciones judiciales, tenía en seguridad a un perfil empujado por Audomaro, entonces el expediente deja de ser puramente estatal. Empieza a revelar una continuidad entre el poder local de Sinaloa y el círculo nacional que controló inteligencia, seguridad y operación política durante el obradorismo. Ahí ya no se habla de errores aislados. Se habla de red.
El tema se vuelve todavía más explosivo cuando se cruza con dos asuntos que regresaron al centro del tablero: la reapertura de la investigación sobre la presunta intervención del narco en la elección de 2021 y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Porque si la elección que llevó a Rocha al poder vuelve a examinarse bajo sospecha criminal y si el caso Cuén ya no se da por cerrado, entonces la pregunta sube de nivel. Ya no es solo qué hizo Rocha como gobernador. Es qué tipo de estructura lo sostuvo, lo blindó y administró el entorno de poder en el que se movió.
Cuén es especialmente incómodo porque representa el punto donde política, violencia y control narrativo se cruzan. Su homicidio dejó demasiadas heridas abiertas y demasiada incomodidad acumulada. Reabrirlo significa aceptar que aquella historia nunca cerró bien. Y cuando ese expediente regresa al escritorio al mismo tiempo que se revisa la elección de Rocha y se mira la red de seguridad donde aparece Mérida, el mapa se empieza a ver menos como una serie de accidentes y más como una arquitectura de poder.
Por eso Audomaro pesa tanto en esta nota. Porque no es un nombre decorativo. Es una bisagra entre el poder militar, la inteligencia del Estado y el círculo personal de AMLO. Fue uno de los hombres más cercanos al expresidente en temas de seguridad y uno de los operadores con mayor capacidad de mover piezas sensibles sin exposición pública excesiva. Si Mérida creció dentro de esa sombra, entonces no se puede fingir que su papel en Sinaloa fue un asunto técnico sin carga política.
Y ahí entra López Obrador, aunque muchos quieran dejarlo fuera del encuadre. No porque hoy exista una acusación formal que lo siente dentro del expediente penal, sino porque el grupo que aparece en el mapa es suyo. Audomaro es suyo. La lógica de confianza que elevó a perfiles militares en territorios delicados fue suya. El modelo de concentración de seguridad, inteligencia y control político también fue suyo. Así que cuando el caso Rocha empieza a escalar y a tocar a Mérida, lo que termina salpicado no es solo un gobernador: es una parte del andamiaje más íntimo del sexenio anterior.
Ese es el verdadero problema para Morena. Que el caso ya no se queda en la figura desgastada de Rocha. Empieza a tocar a un grupo, a una forma de gobernar y a una cadena de confianza que sale de Sinaloa y sube hasta el corazón del obradorismo. Por eso la frase de que todo apunta a La Chingada prende tanto. Porque resume la intuición política más peligrosa de este momento: que lo que se está investigando ya no es solo una crisis local, sino un pedazo del sistema real que operó detrás del poder.
En otras palabras, Rocha puede ser la cara visible del expediente, pero no parece ser su límite. Detrás aparecen Mérida, Audomaro y, más arriba, la sombra del grupo que construyó el control político y de seguridad del obradorismo. Y cuando un caso empieza a subir por esa escalera, deja de ser escándalo regional. Se vuelve amenaza estructural.
