Maru Campos y Rubén Rocha llegan a la FGR por expedientes distintos, pero el contraste revela algo más profundo: la justicia también se administra con cálculo político.
Los citatorios de la FGR a Maru Campos y Rubén Rocha Moya no son solo dos trámites ministeriales. Son, en realidad, una radiografía incómoda de cómo se administra el poder cuando la justicia toca la puerta de personajes políticamente sensibles.
En el caso de Chihuahua, Maru Campos fue llamada a comparecer por el operativo en el que participaron agentes estadounidenses y que terminó vinculado al tema de un narcolaboratorio. La discusión de fondo es seria: si hubo cooperación autorizada, quién sabía, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los límites de la soberanía mexicana. No es menor. La presencia de agentes extranjeros en territorio nacional siempre exige explicación institucional, no narrativa partidista.
Pero el contraste aparece cuando se mira hacia Sinaloa. Rubén Rocha Moya fue citado en un contexto mucho más delicado: acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado. Ahí la gravedad política sube varios niveles. Ya no se trata únicamente de explicar un operativo, sino de responder ante señalamientos que cruzan la frontera, involucran seguridad nacional y colocan a México bajo una lupa internacional.
La diferencia está en el trato. A Maru se le colocó rápido bajo los reflectores, con una narrativa de sospecha inmediata. A Rocha, en cambio, se le permitió un margen político mucho más amplio. No se puede decir que haya impunidad probada, pero sí es evidente que el manejo público fue más cuidadoso, más lento y más protegido.
Ese es el punto que incomoda: cuando la justicia parece avanzar a distintas velocidades, deja de verse como justicia y empieza a parecer cálculo.
La visita de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ocurre justo en este ambiente de presión bilateral. Washington no está mirando estos casos como simples pleitos locales. Los mira como parte de una relación de seguridad donde el narcotráfico, la cooperación operativa y la confianza entre gobiernos están en juego. Por eso, el citatorio a Rocha llega en un momento demasiado conveniente para ser leído como casualidad política. La FGR no solo responde hacia dentro; también manda señales hacia fuera.
Y en medio de todo aparece Enrique Inzunza, otro nombre ligado al grupo político sinaloense, reapareciendo en Culiacán junto a Javier Corral. La imagen tiene carga simbólica: no se ve como un acto aislado, sino como una operación de contención, diálogo y control de daños. En política, las fotos también declaran.
Ahora viene lo importante. Si Maru logra explicar la cadena de mando, puede convertir el citatorio en una defensa pública de su gobierno. Si Rocha no logra despejar dudas, el costo puede dejar de ser local y convertirse en un problema diplomático.
La FGR tiene enfrente una prueba mayor: demostrar que investiga con el mismo rigor a opositores y aliados. Porque cuando la vara se dobla según el color político, el mensaje ya no es justicia. Es protección selectiva.
