Morena quiere mover la elección judicial hasta 2028, pero el cálculo legislativo se atoró en una ausencia incómoda: la de Enrique Inzunza.
En política hay ausencias que dicen más que una conferencia completa. La de Enrique Inzunza en el Senado no es un simple faltazo, ni una anécdota de pasillo, ni el típico legislador que se perdió entre vuelos, reuniones y compromisos de agenda. Es una ausencia con peso político, con ruido público y con un efecto directo sobre una de las apuestas más delicadas del oficialismo: aplazar la elección judicial hasta 2028.
El problema para Morena no es solo que falte un senador. El problema es que falta justo cuando cada voto vale oro. Morena, PT y Verde tienen los números apretados para alcanzar la mayoría calificada. No sobra margen, no hay colchón y no hay espacio para improvisar. En ese escenario, una silla vacía deja de ser mobiliario legislativo y se convierte en amenaza política.
La ironía es evidente. El oficialismo quiere vender la idea de control, disciplina y maquinaria aceitada, pero el supuesto fast track empieza a tambalear por algo tan básico como garantizar que todos sus votos estén sentados en el lugar correcto, a la hora correcta y levantando la mano correcta. Mucho músculo político en el discurso, pero en la práctica, una ausencia puede convertir la operación en una carrera con el freno de mano puesto.
El caso Inzunza además llega cargado de incomodidad. No se trata de un senador desconocido ni de una ausencia neutral. Su nombre ha sido mencionado en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, un señalamiento que inevitablemente coloca presión sobre Morena y sobre la narrativa pública alrededor de su voto. Porque una cosa es necesitar mayoría calificada y otra muy distinta es depender de un personaje que arrastra preguntas incómodas.
Aquí aparece otro detalle interesante: la suplencia tampoco parece una salida automática. Si Inzunza no va, tendría que pedir licencia para que entre Omar López Campos, pero el suplente primero tendría que separarse de su cargo en el gobierno de Sinaloa. Es decir, ni siquiera el plan B está libre de trámites, tiempos y costos políticos.
Esto revela una verdad simple: las reformas constitucionales no solo se ganan con discursos grandilocuentes, también se ganan con operación fina. Y cuando la operación depende de un voto tan incómodo, el fast track deja de parecer autopista y empieza a parecer terracería con baches.
Morena puede terminar sacando adelante la reforma, claro. Tiene estructura, aliados y experiencia legislativa. Pero el episodio ya dejó una postal poderosa: el partido que presume control total está haciendo cuentas alrededor de un senador ausente, cuestionado y políticamente necesario.
En el fondo, este caso muestra que hasta las mayorías más grandes pueden volverse frágiles cuando dependen del voto equivocado. Y en el Senado, a veces no hace falta una rebelión para detener una reforma. Basta una silla vacía en el momento exacto.
