El hallazgo de un narcotúnel entre Tijuana y San Diego vuelve a dejar una pregunta incómoda: ¿cómo puede operar una estructura así sin que las autoridades mexicanas la detecten?
Otra vez tuvo que ser Estados Unidos.
Esa frase resume demasiado bien el problema. Porque mientras en México el discurso oficial insiste en que hay control, estrategia y soberanía, del otro lado de la frontera aparecen túneles, decomisos, expedientes y acusaciones que exhiben una realidad mucho menos cómoda: el crimen organizado opera con una capacidad logística que muchas veces parece superar, burlar o directamente convivir con las instituciones mexicanas.
El caso del narcotúnel entre Tijuana y San Diego no es menor. No se trata de un pasadizo improvisado hecho con palas y suerte. Hablamos de una estructura sofisticada, con electricidad, ventilación, rieles, paredes reforzadas y hasta elevador hidráulico. Un túnel de casi 600 metros que cruzaba la frontera y que, según autoridades estadounidenses, estaba ligado al CJNG.
Y aquí aparece la pregunta que nadie quiere responder con seriedad: ¿cómo se construye algo así desde territorio mexicano sin que nadie lo note?
Porque no estamos hablando de una mochila escondida ni de un cargamento perdido. Estamos hablando de obra, ruido, materiales, entradas, salidas, gente entrando, gente saliendo, renta de inmuebles, movimiento de mercancía y una operación completa. Para que algo así funcione no basta con tener dinero. También se necesita tiempo, protección o, por lo menos, una ceguera institucional demasiado conveniente.
Ese es el punto incómodo.
En México hay autoridades para vigilar colores de banquetas, perseguir adversarios políticos, congelar cuentas, abrir carpetas y pedir pruebas cuando el expediente toca nombres cercanos al poder. Pero cuando se trata de detectar un narcotúnel cruzando una de las fronteras más vigiladas del mundo, el descubrimiento vuelve a venir desde Estados Unidos.
Y después se molestan cuando desde Washington dicen que el narco tiene demasiado margen.
La soberanía es importante. Ningún país debe permitir intervenciones extranjeras ni operaciones unilaterales en su territorio. Pero la soberanía no se defiende con discursos vacíos. Se defiende demostrando capacidad institucional. Se defiende investigando. Se defiende limpiando corporaciones. Se defiende detectando túneles antes de que los encuentre el vecino.
Porque si Estados Unidos descubre los túneles, acusa a los funcionarios, decomisa los cargamentos y arma los expedientes, entonces el problema ya no es solo de injerencia. Es de ausencia.
Ausencia de Estado.
Ausencia de vigilancia.
Ausencia de consecuencias.
Y mientras esa ausencia continúe, el crimen organizado seguirá aprovechando los huecos. Algunos son subterráneos, como este túnel. Otros son políticos, administrativos y judiciales. Y esos suelen ser mucho más profundos.
El narcotúnel de Tijuana no solo conecta dos países.
También conecta dos realidades: la del discurso oficial que presume control y la del expediente extranjero que exhibe lo contrario.
Por eso el tema duele tanto.
Porque no es que México no tenga instituciones.
Es que demasiadas veces parecen llegar tarde.
Y cuando se trata del narco, llegar tarde no es un error menor.
Es una vergüenza nacional.
