Cuando las investigaciones apuntan hacia figuras cercanas al poder, el discurso oficial cambia de tono: ya no se trata de explicar, sino de denunciar intervencionismo.
El caso de Alfonso Durazo no debería tratarse como un pleito de rumores, sino como una prueba de transparencia política. Porque más allá de si Estados Unidos confirmó o no una investigación formal, hay una pregunta básica que el gobierno mexicano no ha querido responder con claridad: ¿qué está pasando con los gobernadores señalados y cuál es la relación real de esas figuras con las autoridades estadounidenses?
Durazo niega que le hayan retirado la visa, niega colaborar con otro gobierno y niega tener vínculos con grupos criminales. Está en su derecho. Pero cuando un reportaje internacional afirma que dos gobernadores morenistas estarían bajo la lupa de Estados Unidos y que podrían entrar a ese país mediante permisos especiales, la respuesta no puede ser solo indignación patriótica. Se necesita una explicación seria.
El problema es que en México la soberanía parece activarse por conveniencia. Cuando Estados Unidos presiona, investiga o actúa contra adversarios políticos, el discurso oficial suele encontrarle utilidad. Pero cuando el señalamiento toca a personajes cercanos al obradorismo, entonces todo se convierte en intervencionismo, ataque político o campaña de desprestigio.
Ahí está el antecedente de Ovidio Guzmán. Cuando Durazo era secretario de Seguridad, explicó que en México no existía una orden de aprehensión local contra Ovidio, sino una orden con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. En ese momento no se habló de traición a la patria. No hubo indignación por la influencia estadounidense. No hubo defensa encendida de la soberanía nacional.
Ahora, en cambio, el discurso cambia. De pronto, si Washington mira hacia gobernadores de Morena, el tema ya no es la seguridad, ni la rendición de cuentas, ni las posibles redes de protección política. El tema se vuelve la dignidad nacional.
Y ahí aparece el fantasma de Genaro García Luna. No porque Durazo sea García Luna, ni porque exista una sentencia contra él. Eso sería irresponsable afirmarlo. Pero sí porque la historia mexicana ya conoce muy bien esa película: funcionarios poderosos en seguridad, defensas políticas cerradas, acusaciones que primero se minimizan y explicaciones que llegan demasiado tarde.
La ciudadanía no necesita discursos de pureza. Necesita claridad. Si no hay nada, que lo demuestren con información. Si el reportaje es falso, que lo desmonten con documentos. Si hay permisos especiales para entrar a Estados Unidos, que expliquen bajo qué condiciones. Y si hay cooperación con autoridades extranjeras, que digan quién autorizó, qué se negoció y qué sabe el Estado mexicano.
Porque el problema no es que Durazo pueda cruzar o no cruzar la frontera. El problema es que, mientras él dice que todo está en orden, la explicación pública sigue incompleta.
Y cuando el poder se niega a explicar, la sospecha crece sola.
