La detención de Antonio Molina Díaz vuelve a mostrar que el escándalo no solo trata de un exsecretario, sino de una estructura que habría usado la seguridad como negocio.
La detención de Antonio Molina Díaz, excoordinador de penales federales, vuelve a abrir una puerta incómoda en uno de los capítulos más delicados de la vida pública mexicana: el entramado alrededor de Genaro García Luna. Porque cada nuevo nombre que aparece confirma algo que muchos prefirieron ignorar durante años: el problema no era solo un funcionario poderoso, sino una estructura completa.
Molina no era un personaje menor. Fue parte del sistema penitenciario federal y, según las acusaciones, habría participado en un esquema de desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos simulados, empresas fachada y obras relacionadas con penales federales. Es decir, el negocio no estaba en un rincón oscuro del Estado. Estaba en áreas estratégicas, con presupuesto público, contratos millonarios y decisiones tomadas desde posiciones de poder.
Eso es lo más grave. Mientras a la ciudadanía se le pedía confiar en una estrategia de seguridad, algunos funcionarios habrían convertido esa confianza en oportunidad financiera. Mientras el país vivía bajo un discurso de orden, protección y combate a la inseguridad, desde adentro se habrían firmado contratos que hoy están bajo sospecha.
El caso García Luna siempre fue presentado como la caída de un hombre. Pero esa lectura resulta demasiado cómoda. Nadie opera solo durante años en cargos de alto nivel sin redes, sin contactos, sin firmas, sin subordinados, sin superiores, sin empresas beneficiadas y sin complicidades administrativas. Un escándalo de ese tamaño no se explica con una sola persona. Se explica con un sistema que permitió que ocurriera.
La detención de Molina también exhibe una pregunta que no debería desaparecer: ¿cuántas personas se beneficiaron de esa estructura? Porque si hubo contratos simulados y empresas fachada, entonces hubo quienes firmaron, quienes cobraron, quienes aprobaron, quienes supervisaron y quienes miraron hacia otro lado. Ahí está la verdadera dimensión del caso.
No basta con detener a un exfuncionario y presentar el hecho como avance. La justicia necesita llegar a toda la cadena. Necesita explicar cómo se construyó ese esquema, quiénes participaron, cuánto dinero público se perdió y qué instituciones fallaron para permitirlo. De lo contrario, cada captura será apenas una escena aislada de una película mucho más grande.
También hay un componente político inevitable. Este caso golpea directamente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que Molina ocupó cargos dentro del sistema penitenciario. Pero reducirlo a una batalla partidista sería un error. Lo importante no es solo a qué gobierno pertenecía cada funcionario, sino cómo el Estado mexicano permitió que áreas sensibles se convirtieran en espacios de negocio.
La seguridad pública no puede ser una caja negra. Menos cuando se manejan prisiones, contratos y miles de millones de pesos.
Antonio Molina puede ser una pieza más. Pero cada pieza revela el tamaño del tablero.
Y si García Luna no era el final, entonces México todavía tiene muchas cuentas pendientes con quienes hicieron caja desde adentro.
