La Fiscalía dice que no tiene pruebas suficientes para proceder contra Rubén Rocha Moya, mientras Estados Unidos lo señala y el gobierno mexicano acusa información falsa en el caso de El Mayo Zambada. Entre desmentidos, silencios y versiones cruzadas, Sinaloa vuelve a quedar atrapado en una guerra de narrativas.
El caso de Rubén Rocha Moya entró en una zona políticamente peligrosa: no está formalmente acusado en México, pero tampoco está completamente fuera de sospecha. La Fiscalía General de la República reconoció que, hasta ahora, no cuenta con el estándar probatorio mínimo para proceder contra el gobernador con licencia de Sinaloa, pese a los señalamientos derivados de una solicitud de detención provisional con fines de extradición de Estados Unidos que también incluiría a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
La precisión es importante: decir que no hay pruebas suficientes no equivale a una absolución. Significa que, jurídicamente, México no tiene todavía elementos para detenerlo o judicializar el caso. Pero políticamente, el daño ya está hecho. Rocha aparece vinculado en el expediente estadounidense, su nombre circula junto al caso de Ismael “El Mayo” Zambada y su ausencia pública alimenta más preguntas que certezas.
A esa tensión se sumó la versión de Carlos Loret de Mola, quien afirmó que habría existido un operativo federal secreto para mover a Rocha ante el temor de una posible captura por parte de autoridades estadounidenses. El Gabinete de Seguridad lo negó de inmediato y aseguró que no hay resguardo militar ni operativo para ocultar al exmandatario. Esa respuesta oficial era necesaria, pero no necesariamente suficiente. Cuando un gobernador con licencia queda en el centro de rumores sobre extradición, vínculos criminales y protección institucional, el simple desmentido difícilmente alcanza para cerrar la conversación.
El giro más revelador es que la FGR no sólo dijo que no tiene pruebas suficientes contra Rocha; también acusó a Estados Unidos de entregar información incompleta, falsa o insuficiente sobre el traslado de El Mayo Zambada. Ahí el caso deja de ser solamente judicial y se convierte en disputa diplomática. México exige pruebas para proceder, pero al mismo tiempo acusa a Washington de opacidad en una de las capturas más importantes del narcotráfico reciente.
En ese punto reaparece Ken Salazar. El exembajador estadounidense había sostenido que no hubo avión de Estados Unidos, ni piloto estadounidense, ni operación estadounidense en el traslado de Zambada. Sin embargo, la narrativa mexicana ahora apunta a posibles contradicciones sobre la participación del FBI y a una posible violación de soberanía si hubo operación encubierta sin aviso al gobierno mexicano. Latinus lo resumió como la caída política de un embajador que antes se mostraba cercano a López Obrador y ahora es señalado como mentiroso por Sheinbaum.
El poblema es que, mientras México y Estados Unidos se acusan mutuamente de ocultar información, Sinaloa sigue viviendo las consecuencias. La captura de El Mayo detonó una crisis política, una guerra interna y una cadena de sospechas que ahora alcanza a funcionarios, exfuncionarios y al propio Rocha. Pero la investigación avanza en una zona gris: Estados Unidos señala, pero no muestra públicamente pruebas suficientes; México dice investigar, pero tampoco ofrece una explicación completa.
Ese es el limbo perfecto: políticamente señalado, jurídicamente insuficiente, mediáticamente ausente y diplomáticamente útil. Rocha no está detenido, pero tampoco está libre de sospecha. La FGR no lo exonera, pero tampoco procede. Estados Unidos acusa, pero no convence a México. Y el caso del Mayo se convierte en una cortina de humo y, al mismo tiempo, en el espejo donde se reflejan todas las contradicciones.
La pregunta de fondo ya no es sólo dónde está Rocha. La pregunta es por qué, en un caso tan grave, nadie parece tener la verdad completa o nadie quiere ponerla toda sobre la mesa.
