Washington impone 25% a miles de productos, pero protege café, carne, energía y aviones; Lula anuncia reciprocidad a meses de buscar la reelección.
El nuevo arancel estadounidense de 25% contra Brasil fue presentado como una respuesta a prácticas comerciales consideradas injustas. La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos citó temas que van desde barreras digitales y propiedad intelectual hasta etanol, deforestación y el sistema de pagos Pix. La medida entrará en vigor el 22 de julio y afectará miles de productos brasileños.
Sin embargo, el diseño de las exenciones revela que no se trata de un golpe indiscriminado. Quedaron fuera sectores de gran importancia para el mercado estadounidense: carne, café, tierras raras, energía, aeronaves y partes de avión. La Cámara Americana de Comercio para Brasil calculó que las excepciones cubren alrededor de once mil millones de dólares en comercio anual. Washington castiga, pero procura no encarecer demasiado aquello que sus consumidores e industrias necesitan.
Lula da Silva calificó la decisión como un “hito lamentable”, anunció que Brasil iniciará los procedimientos de su Ley de Reciprocidad y adelantó que recurrirá al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. La respuesta puede abrir una negociación, pero también un ciclo de represalias que termine afectando a exportadores, trabajadores y consumidores de ambos países.
El contexto electoral agrega una capa inevitable. Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre y Lula prevé competir por la reelección. Funcionarios brasileños han sugerido que los motivos estadounidenses son políticos más que técnicos. La cercanía de la votación no demuestra, por sí sola, que Donald Trump busque determinar el resultado. Sí aumenta el potencial de la tarifa como instrumento de presión y como combustible para las campañas.
Trump ha convertido los aranceles en una herramienta diplomática que mezcla comercio, seguridad, tecnología y política interna de otros países. El caso brasileño será observado por India, China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, también expuestos a investigaciones bajo la Sección 301. Si Washington normaliza sancionar políticas domésticas que considera perjudiciales para sus empresas, la frontera entre una disputa comercial y una intervención política se vuelve más difícil de distinguir.
Lula puede aprovechar el conflicto para presentarse como defensor de la soberanía. Sus adversarios pueden culparlo por no alcanzar un acuerdo. Trump, por su parte, puede mostrar firmeza sin asumir el costo de encarecer productos populares en Estados Unidos gracias a las exenciones.
El arancel tiene forma de castigo, pero fue cortado con bisturí. Esa precisión no elimina el daño; revela quién se busca presionar y quién se decidió proteger. El desenlace dependerá menos de los discursos que de las negociaciones antes y después del 22 de julio. Lo seguro es que, a pocos meses de una elección, cada punto porcentual tendrá también una lectura política.
