La identificación tardía de Mauro Núñez Ojeda y los minutos ausentes de una versión de la mañanera exponen una cadena de errores, contradicciones y falta de archivo público confiable.
Durante casi dos años, el Gobierno mexicano exigió a Estados Unidos información sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada. Una de las preguntas centrales era quién pilotó el avión que salió de Sinaloa y aterrizó en Nuevo México el 25 de julio de 2024. La respuesta resultó más incómoda de lo esperado: el hombre estuvo bajo custodia mexicana.
La Fiscalía General de la República reconoció que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jando”, fue detenido en febrero de 2025 después de identificarse con otro nombre. Era considerado un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, pero las autoridades no establecieron entonces que había pilotado el vuelo del Mayo y Joaquín Guzmán López. En agosto de ese año fue enviado a Estados Unidos dentro de un paquete de 26 personas. Solo en junio de 2026, al cotejar huellas y coincidencias de voz, la FGR confirmó su papel.
La secuencia no implica que el Gobierno “liberó” deliberadamente a una pieza clave. Sí demuestra una falla de identificación e investigación que merece explicación. México reclamaba a Washington datos que podía haber obtenido de sus propios expedientes, peritajes y bases biométricas. Además, el piloto ya se declaró culpable en Estados Unidos, lo que reduce el control mexicano sobre una fuente esencial para reconstruir el operativo.
La polémica se conecta con la conferencia matutina del 26 de julio de 2024. Rosa Icela Rodríguez presentó información inicial sobre la aeronave, el lugar de salida y un supuesto piloto estadounidense. Esos datos fueron cuestionados casi de inmediato: la descripción del avión no coincidía con las imágenes y el gobernador de Sonora negó que hubiera despegado de Hermosillo. En julio de 2026, comunicadores y usuarios señalaron que un segmento de aproximadamente cinco minutos dejó de aparecer en algunas versiones oficiales del video. El señalamiento puede contrastarse con copias de terceros y con la versión estenográfica, pero hasta el corte no había una explicación institucional suficiente sobre la edición.
Un archivo gubernamental no es propaganda desechable. Las conferencias oficiales forman parte del registro público y deben conservarse íntegras, incluso cuando contienen errores. Corregir una afirmación requiere una nota, una fe de erratas o una actualización visible; no una ausencia silenciosa. Eliminar material —si se confirma que eso ocurrió— no corrige la desinformación original: dificulta reconstruir responsabilidades.
Estados Unidos todavía debe explicar su conocimiento y participación en el traslado. Esa exigencia es legítima. Pero la soberanía también se defiende con instituciones capaces de vigilar el espacio aéreo, identificar a un detenido y conservar sus propios registros. La respuesta que México reclamaba no estaba solamente en Washington. Durante meses, estuvo en una carpeta nacional que nadie conectó a tiempo.
