La salida de prisión de Víctor Rodríguez Padilla no cierra el proceso; obliga a explicar por qué cambió la medida cautelar y cómo se protegerá a la víctima.
La discusión sobre Víctor Rodríguez Padilla no debe reducirse a una falsa disyuntiva: o permanece encarcelado y existe justicia, o sale de prisión y quedó impune. El exdirector de Petróleos Mexicanos seguirá vinculado a proceso por violencia familiar. La jueza modificó la prisión preventiva y permitió que enfrente la causa en libertad, una decisión procesal que no equivale a una absolución. Al mismo tiempo, la carta de perdón enviada por su esposa tampoco extingue automáticamente la investigación, porque en Morelos la violencia familiar se persigue de oficio.
El problema político surge en otro nivel. Cuando el acusado fue un personaje ajeno al poder, como Rodolfo “Fofo” Márquez, el discurso público celebró la severidad del sistema. Márquez fue condenado a 17 años y seis meses por tentativa de feminicidio después de que un tribunal valoró la intensidad del ataque, la situación de vulnerabilidad de la víctima y otros elementos del tipo penal. Comparar ambos expedientes como si fueran idénticos sería jurídicamente incorrecto: no toda agresión contra una mujer constituye tentativa de feminicidio y la clasificación depende de las pruebas, el contexto, la intención acreditada y la legislación aplicable.
Sin embargo, la diferencia penal no elimina la obligación de coherencia institucional. En ambos casos hay videos que muestran violencia grave. En ambos existe una víctima cuya seguridad debe colocarse por encima de la reputación del agresor. Y en ambos la sociedad tiene derecho a saber por qué la Fiscalía solicita determinadas medidas y por qué un tribunal las modifica.
La cercanía política de Rodríguez Padilla, quien dirigió una de las empresas públicas más importantes del país, vuelve indispensable una explicación más robusta, no una defensa automática. La presunción de inocencia protege a toda persona acusada; no debe convertirse en un escudo selectivo para evitar el escrutinio. De la misma manera, la indignación social no puede sustituir al debido proceso ni transformar cualquier conducta violenta en un delito distinto solo para satisfacer el castigo inmediato.
La vara verdaderamente igual no consiste en imponer la misma sentencia a casos diferentes. Consiste en investigar con el mismo empeño, proteger con la misma rapidez, transparentar con el mismo detalle y evitar que la influencia política cambie las prioridades. El caso no terminó cuando se abrió la puerta de la prisión. Apenas comenzó la etapa en la que las autoridades deberán demostrar que la libertad provisional no significa privilegio y que el poder no modifica el valor de la palabra ni de la seguridad de una mujer.
