La detención de Ernesto Ruffo por un caso de huachicol fiscal es seria por sí misma, pero el momento en que ocurre abrió otra discusión: la sospecha de que también sirva para desviar la atención de la crisis que vive el gobierno de Baja California.
La detención de Ernesto Ruffo por su presunta participación en una red de huachicol fiscal en Baja California debe analizarse en dos planos al mismo tiempo. El primero es el judicial: si, como sostiene la Fiscalía General de la República, existió una estructura que utilizó ferrocarriles y reportó solo una fracción del combustible trasladado, se trata de un asunto grave que merece investigación, pruebas y, en su caso, sanciones. El segundo plano es el político, y ahí la conversación se volvió inevitable desde el primer minuto.
La dirigencia panista en Baja California y voces de la oposición plantearon que el operativo opera también como distractor. El señalamiento no surgió en el vacío. La captura ocurrió en medio de la crisis que atraviesa la gobernadora Marina del Pilar por la difusión de grabaciones y por la disputa pública con Jaime Bonilla. En ese contexto, una detención espectacular no solo produce efecto jurídico: también reordena titulares, desplaza temas y obliga a la conversación pública a mirar hacia otra parte.
Esto no significa absolver a Ruffo ni convertir toda acción penal en conspiración. Significa reconocer que en México la justicia y la política rara vez avanzan por carriles separados. Un megaoperativo con visibilidad garantizada siempre comunica algo más que el contenido de una carpeta. Comunica oportunidad, fuerza y control narrativo.
El problema de fondo es la percepción de selectividad. El combustible ilegal, en sus distintas modalidades, ha salpicado durante años a grupos criminales, redes empresariales, aduanas, transportistas y actores políticos. En el debate público reaparecen nombres como Adán Augusto por el entorno de impunidad que ha marcado otros escándalos, además de referencias históricas a redes vinculadas con los hermanos Carmona o con grupos criminales como el de José Antonio Yépez, “El Marro”. No todos los casos son idénticos ni equivalen jurídicamente, pero juntos forman un mapa que hace dudar de la consistencia institucional.
Esa duda es corrosiva. Si el Estado castiga solo cuando el momento conviene, la legalidad se percibe como herramienta táctica, no como regla general. Y si un caso real y serio termina leído como maniobra de distracción, también hay un costo para la propia Fiscalía, porque el público deja de ver eficacia y empieza a ver utilería.
La única forma de romper esa lógica es sencilla en teoría y difícil en la práctica: investigar parejo, transparentar expedientes y dejar claro que la ley no entra únicamente donde hay cámaras. Ruffo tiene derecho a la presunción de inocencia. La FGR tiene la obligación de probar lo que afirma. Y el gobierno de Baja California tendrá que aceptar que, mientras no responda sus propias crisis, cualquier operativo espectacular será leído también como un movimiento de ajedrez.
