En Estados Unidos algunas mujeres defendieron entregar el voto al jefe del hogar; en México, Natalia Torres dijo que “no todos deberían votar” y después aclaró que proponía educación cívica. Dos polémicas distintas que revelan la tentación de poner filtros a la ciudadanía.
En pleno 2026, el voto volvió a tratarse como si fuera una membresía de club: algunos quieren que lo administre el esposo y otros consideran que primero habría que capacitar a quien pretende ejercerlo. Las propuestas no son iguales, pero comparten un riesgo: convertir un derecho individual en algo condicionado por la aprobación, preparación o representación de otra persona.
La primera polémica surgió en la Women’s Leadership Summit de Turning Point USA, realizada en San Antonio, Texas, ante cerca de tres mil asistentes. Algunas participantes afirmaron que estarían dispuestas a renunciar a su sufragio para que el esposo votara por todo el hogar. La influencer conservadora Savannah Stone también ha promovido el modelo de “un voto por familia”, normalmente ejercido por el marido. La postura continúa siendo minoritaria y no existe una iniciativa legislativa con respaldo suficiente para eliminar el voto femenino en Estados Unidos.
Pero que sea improbable no significa que sea irrelevante. Los retrocesos democráticos no comienzan siempre con una reforma constitucional; a veces empiezan cuando una idea absurda deja de provocar rechazo y comienza a presentarse como una opinión respetable. Decir que el esposo puede representar políticamente a su esposa supone que dentro del matrimonio no existen desacuerdos, relaciones desiguales ni violencia. Es regresar al jefe de familia, pero con micrófono, redes sociales y estética de conferencia.
En México, Natalia Torres encendió otra discusión al afirmar que “no todos deberían votar”. La frase sonó clasista y provocó críticas porque parecía sugerir que la ciudadanía debía depender de estudios, ingresos o conocimientos. Después, Torres aseguró que esas interpretaciones eran falsas y explicó que su propuesta consistía en una sesión informativa de aproximadamente una hora, impartida por el INE al tramitar la credencial. Ahí se explicarían las facultades del presidente, senadores y diputados, además de prácticas ilegales como condicionar programas sociales al voto.
La aclaración cambia considerablemente el fondo. Una clase cívica no equivale a un examen y educar al electorado es razonable. México necesita ciudadanos capaces de reconocer promesas imposibles, abusos partidistas y límites constitucionales. El problema fue presentar esa necesidad mediante una frase que parecía dividir a la sociedad entre votantes aptos y votantes indeseables.
El derecho al voto no puede depender de aprobar una evaluación, tener título universitario o demostrar que se entiende la Constitución. Si así fuera, también tendríamos que examinar a candidatos, legisladores y funcionarios, y probablemente ahí comenzaría una verdadera crisis de participación.
La educación cívica debe ampliar la democracia, no convertirse en su cadenero. El INE puede ofrecer cursos, materiales y orientación obligatoria como parte del trámite, pero la falta de conocimientos no puede cancelar la ciudadanía. Mucho menos puede hacerlo un esposo que se asuma representante natural de toda la familia.
Mientras estas ideas reaparecen, millones de mujeres todavía enfrentan obstáculos reales para votar. Arabia Saudita permitió su participación en elecciones municipales apenas en 2015; en Afganistán y Pakistán persisten amenazas, restricciones familiares y violencia que limitan su participación política.
La democracia puede necesitar más información, mejores candidatos y menos manipulación. Lo que no necesita es un marido que vote por dos ni un portero que decida quién está suficientemente preparado para entrar.
Un voto por persona no garantiza buenas decisiones. Garantiza algo más importante: que ningún ciudadano pertenezca políticamente a otro.
