El video atribuido a facciones del Cártel de Sinaloa busca convertir diez asesinatos en una acusación directa sobre supuestos acuerdos entre crimen y poder.
El video difundido tras el asesinato de diez hombres en Zacatecas no intenta solamente adjudicarse un crimen. Intenta escribir la cadena de mando, colocar nombres sobre la mesa y convertir una investigación penal en una crisis de poder.
En la grabación, un grupo de hombres armados que se presenta como parte de facciones ligadas al Mayito Flaco y a Los Cabrera afirma que los hechos ocurrieron “por encargo”. El mensaje se dirige al gobernador David Monreal y habla de supuestos acuerdos con integrantes de su gabinete y con corporaciones locales. La acusación es lanzada desde la propaganda criminal, pero su efecto político es inmediato: la conversación deja de concentrarse únicamente en quién ejecutó los ataques y comienza a preguntar quién pudo haberlos solicitado, tolerado o aprovechado.
Las víctimas no encajaban en la imagen habitual de una confrontación entre grupos. Había un exalcalde, funcionarios municipales, empresarios, un bombero, un abogado y un productor. Algunos habían perdido contacto con sus familias desde días antes. Las autoridades informaron que no existían denuncias formales por desaparición o secuestro, un dato que añade otra capa al caso: diez ausencias avanzaron fuera del radar institucional hasta terminar en distintos puntos del estado.
Después de los hallazgos llegaron más de 400 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad de Zacatecas respondió con un mensaje desafiante y prometió perseguir a los responsables. La fuerza pública volvió a escena cuando el grupo ya había instalado su versión en redes y colocado al gobierno como destinatario central.
Los comunicados criminales cumplen varias funciones al mismo tiempo. Buscan cohesionar a sus propias filas, intimidar rivales, presionar autoridades y ofrecer al público una explicación diseñada desde la clandestinidad. En este caso, la grabación pretende convertir una demostración de violencia en una supuesta prueba de acuerdos políticos. Su contenido no puede tratarse como expediente judicial, pero tampoco desaparece con una descalificación. Ya forma parte de la disputa por la credibilidad.
Zacatecas lleva años siendo territorio de competencia entre organizaciones por rutas, mercados locales y control institucional. La aparición de empresarios y servidores públicos entre las víctimas amplía el alcance de esa lucha. Ya no se trata únicamente de dominar carreteras o plazas; también de condicionar gobiernos, contratos, ferias, negocios y redes municipales.
La respuesta relevante no está en producir otro video con uniformes y amenazas. Está en reconstruir movimientos, llamadas, reuniones, contratos, patrimonios y decisiones públicas. Si hubo secuestros sin denuncias, debe conocerse por qué las familias no acudieron a las autoridades. Si el grupo menciona supuestos pactos, la investigación debe seguir el rastro de quienes ocupan los cargos señalados, sin convertir la propaganda en sentencia ni el silencio oficial en absolución.
La grabación dura alrededor de dos minutos. Fue suficiente para que diez expedientes dejaran de ser únicamente una masacre y comenzaran a proyectar la sombra de un posible arreglo entre crimen y poder.
