Daniel Ortega utilizó el aniversario del triunfo sandinista para anunciar que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones y que levantará un muro legal contra la oposición.
Daniel Ortega celebró el aniversario de la revolución que derribó a una dictadura anunciando que Nicaragua dejará de celebrar elecciones. La escena resume una de las transformaciones políticas más contundentes de América Latina: el antiguo guerrillero que combatió el poder sin alternancia terminó construyendo un sistema donde la alternancia será eliminada por ley.
Ortega utilizó el acto por los 47 años de la Revolución Sandinista para declarar que “aquí no volverá a haber elecciones”. Dijo que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para levantar un muro contra quienes llama golpistas y vendepatrias. El Congreso está dominado por su partido, por lo que la amenaza no es un recurso retórico aislado; puede convertirse en norma.
Las elecciones generales estaban previstas para 2027. Su existencia, sin embargo, ya había sido vaciada de competencia. En 2021, el gobierno encarceló a aspirantes presidenciales, ilegalizó partidos y dejó a Ortega frente a una boleta diseñada para confirmar su continuidad. La nueva declaración abandona incluso esa escenografía.
El giro se completa con la arquitectura familiar del poder. Una reforma constitucional amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta. Nicaragua pasó de una vicepresidencia con enorme influencia a una jefatura de Estado compartida por matrimonio. La revolución que prometía desmontar una dinastía terminó institucionalizando otra forma de sucesión familiar.
Ortega tiene 80 años y gobierna de manera continua desde 2007, además de su etapa presidencial en la década de 1980. Su regreso al poder fue electoral; su permanencia se sostuvo mediante el control progresivo de tribunales, autoridades electorales, fuerzas de seguridad, universidades, medios y organizaciones civiles. Más de 5 mil 600 organizaciones han sido cerradas, decenas de medios dejaron de operar y cientos de personas fueron despojadas de su nacionalidad, según organizaciones de derechos humanos citadas por medios internacionales.
La frase sobre el fin de las elecciones no inaugura el autoritarismo nicaragüense. Le quita el último disfraz. Hasta ahora, el régimen podía organizar votaciones sin competencia y utilizarlas para fabricar legalidad. Ortega parece considerar que incluso esa simulación representa un riesgo innecesario.
Hay una ironía adicional. En 1979, el Frente Sandinista justificó su lucha por la imposibilidad de cambiar al gobierno de Anastasio Somoza mediante instituciones democráticas. Cuarenta y siete años después, Ortega presenta la clausura de esas instituciones como una defensa de la revolución. El argumento circular resulta perfecto: se elimina la elección para proteger el poder conquistado en nombre del derecho a cambiar el poder.
Nicaragua no se dirige hacia una democracia debilitada, sino hacia un modelo donde la participación política será tratada como amenaza. Ortega no anunció cómo se elegirá a los futuros gobernantes, porque quizá esa pregunta ya no pertenece a los ciudadanos.
El método para no perder una elección quedó expuesto: controlar primero a los rivales, después la boleta y finalmente desaparecer las urnas.
