Tres organizaciones recién constituidas recibieron más de 76 millones de pesos por adjudicación directa; varios trabajadores desconocían el dinero contratado a su nombre.
La burocracia mexicana suele tratar al emprendedor como sospechoso antes de permitirle vender el primer producto. La lista oficial para crear una empresa incluye e.firma, autorización de nombre, contrato social, RFC, Registro Público de Comercio y, según la actividad, permisos locales, uso de suelo, protección civil e inscripción patronal. Una Sociedad por Acciones Simplificada puede constituirse en dos días; la ruta tradicional ante fedatario se calcula entre diez y veinte. Empezar a recibir contratos públicos millonarios pertenece a otra categoría.
Tres cooperativas de limpieza creadas a inicios de 2026 tardaron aproximadamente dos meses en cruzar esa distancia. De acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, recibieron más de 76 millones de pesos mediante adjudicaciones directas del DIF y de las secretarías del Trabajo y Anticorrupción. Dehe Sak Agua Limpia fue constituida el 27 de enero. El 27 de marzo apareció en un estudio de mercado y el 31 del mismo mes obtuvo un contrato por 50 millones.
La velocidad no es el único elemento. MCCI documentó que algunos trabajadores registrados como socios habían dejado empleos anteriores bajo la promesa de convertirse en sus propios patrones, pero no controlaban las cuentas bancarias ni conocían los montos contratados a nombre de sus organizaciones. El modelo que debía repartir propiedad y decisiones terminó, según esos testimonios, conservando a los trabajadores lejos del dinero y de la administración.
También está el diseño de la competencia. En al menos dos casos, las dependencias justificaron la adjudicación directa mediante estudios de mercado realizados entre las mismas cooperativas recién creadas. La comparación existió en papel, pero el círculo de participantes era tan estrecho que la competencia terminó pareciéndose a una carrera donde todos los corredores llegaron juntos, se inscribieron juntos y se repartieron el podio.
La llamada Estrategia de Compras Públicas Sostenibles busca incorporar cooperativas y organizaciones del sector social como proveedoras del Gobierno. El objetivo puede ser legítimo: sustituir intermediarios privados y permitir que trabajadores de limpieza se conviertan en dueños de su actividad. Precisamente por eso el caso resulta más delicado. Cuando una política diseñada para distribuir poder termina usando socios que desconocen las cifras, el lenguaje cooperativista corre el riesgo de funcionar como membrete.
Catalina Monreal encabezaba el INAES cuando se constituyeron las organizaciones. Los contratos provinieron de otras dependencias. Esa separación administrativa no elimina la secuencia: creación acelerada, estudios de mercado cerrados, adjudicaciones directas y socios sorprendidos por los millones que circulaban a su nombre.
El problema no es que una empresa joven obtenga un contrato. Las compañías nuevas también pueden tener capacidad. El dato que cambia la lectura es que quienes aparecían como propietarios no conocían el negocio que supuestamente poseían.
Para muchos mexicanos, emprender significa aprender a sobrevivir al SAT. Para estas cooperativas, la gran pregunta es otra: quién aprendió a utilizar sus nombres antes de que ellas aprendieran a manejar sus cuentas.
