Los nuevos datos patrimoniales de Caty Monreal añaden una oficina de 441 metros y fuentes privadas de ingreso al caso de cooperativas cuyos socios dicen no controlar sus cuentas.
La controversia alrededor del INAES comenzó con una velocidad difícil de explicar en la burocracia mexicana: tres cooperativas creadas entre enero y febrero de 2026 recibieron contratos por 76.2 millones de pesos pocas semanas después. Los testimonios reunidos por Mexicanos Contra la Corrupción añadieron una contradicción más profunda: algunos socios dijeron desconocer los montos y no tener acceso a las cuentas bancarias de organizaciones que, en teoría, les pertenecían.
Un día después, la atención se desplazó hacia la declaración patrimonial de Catalina Monreal. La directora del INAES reportó la compra a crédito de una oficina de 441 metros cuadrados por 4 millones 762 mil pesos, adquirida nueve meses después de asumir el cargo. La operación está registrada en su declaración y el financiamiento fue informado. Su relevancia pública proviene del momento en que aparece: una funcionaria encargada de promover propiedad colectiva bajo escrutinio por estructuras donde los integrantes aseguran no controlar el dinero.
Los ingresos declarados de 2025 permiten una lectura más precisa. Caty Monreal reportó 4 millones 719 mil 883 pesos netos. De esa cantidad, 1 millón 553 mil 264 correspondió a su trabajo al frente del INAES. Los otros 3 millones 166 mil 619 provinieron de renta de espectaculares, arrendamiento, organizaciones privadas y servicios profesionales como integrante de consejos.
La funcionaria también declaró participación accionaria en Multiservicio La Plata, dedicada al sector de combustibles, y Sofamon SAPI, vinculada al sector inmobiliario. Esos intereses están asentados en documentos públicos y amplían la conversación sobre las actividades económicas de una servidora cuya institución interviene en la creación, acompañamiento y certificación de empresas sociales.
El problema central no es que una funcionaria tenga patrimonio o ingresos privados. Convertir la discusión en sospecha automática por poseer una oficina sería una salida fácil. La pregunta relevante es cómo se separan, supervisan y transparentan las funciones públicas cuando el entorno personal incluye actividades empresariales y cuando las organizaciones acompañadas por la dependencia reciben contratos de gran tamaño en tiempo récord.
El diseño cooperativo supone que los socios gobiernan, conocen y controlan su empresa. La investigación describe algo distinto: trabajadores que dejaron compañías privadas con la promesa de convertirse en patrones y terminaron diciendo que el instituto manejaba cuentas y documentos. “Solo cambiamos de patrón”, resumió uno de ellos. Esa frase pesa más que cualquier fotografía de una oficina.
El INAES puede responder con contratos, convenios, estados de cuenta, reglas de acompañamiento y límites claros de intervención. Mientras esos documentos no ocupen el centro, cada nuevo dato patrimonial se incorporará a una historia donde la institución parece saber más del dinero que los propios cooperativistas.
Las empresas sociales nacieron en semanas. Los contratos llegaron en meses. La explicación pública sigue avanzando a la velocidad tradicional de la burocracia.
