Francia eligió una restricción frontal para menores de 15 años mientras México prepara foros. La discusión central será quién verifica, quién vigila y quién responde.
Francia convirtió una preocupación compartida por millones de familias en una regla directa: los menores de 15 años no podrán mantener cuentas en redes sociales. La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y las plataformas tendrán cuatro meses para retirar perfiles existentes. El país se convierte en el primero de la Unión Europea con una prohibición de esta amplitud, después de que Australia adoptara un límite todavía mayor para menores de 16.
La decisión tiene una fuerza política evidente. Frente a problemas de acoso, exposición a contenidos dañinos, diseño adictivo y deterioro de la atención, el Estado deja de pedir responsabilidad voluntaria a empresas cuyo negocio depende precisamente de mantener a los usuarios conectados. Francia traslada la obligación a las plataformas y les exige comprobar la edad.
Ahí comienza la parte menos vistosa de la ley. Verificar edades puede implicar documentos, reconocimiento facial o intermediarios que certifiquen identidades. La protección de menores abre una puerta a nuevas formas de vigilancia y almacenamiento de datos. Una plataforma puede dejar de conocer solamente los gustos del usuario y comenzar a conocer también su identidad legal.
La eficacia tampoco está garantizada por el texto. Un adolescente puede utilizar la cuenta de un adulto, modificar su edad o recurrir a herramientas para evadir controles. La experiencia internacional muestra que cada barrera tecnológica produce un mercado inmediato de tutoriales para saltarla. El Estado puede prohibir el acceso; la vida digital encuentra atajos con rapidez.
México eligió una ruta distinta. Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública anunciaron foros para construir una propuesta sobre redes sociales, teléfonos e inteligencia artificial en escuelas. La consulta permite discutir con familias, especialistas y docentes, aunque también corre el riesgo habitual de la política mexicana: abrir una conversación amplia sin definir quién asumirá la responsabilidad final.
El debate no debería quedar atrapado entre dos caricaturas: prohibirlo todo o entregar un teléfono sin límites. Las plataformas diseñan sistemas de recomendación, las escuelas enfrentan distracciones y nuevas formas de plagio, las familias administran tiempos y el Gobierno establece derechos. Ninguno puede delegar completamente su parte.
Francia ya eligió un límite visible. México apenas comienza a decidir si seguirá esa ruta o construirá otra. La ley francesa será observada no por el número de cuentas eliminadas, sino por algo más difícil: si reduce daños sin convertir la protección infantil en una infraestructura permanente de identificación digital.
Cerrar una aplicación toma segundos. Diseñar una sociedad que enseñe a usarla sin depender de ella llevará bastante más tiempo.
