La invitación a ignorar redes coincide con un crimen político que obligó a asegurar el Ayuntamiento de Temoac.
Pedir a la población que ignore medios y redes sociales puede sonar, desde un gobierno, como una recomendación para combatir rumores. En Morelos, el mensaje de la gobernadora Margarita González Saravia apareció en el peor momento posible: mientras la entidad enfrentaba el homicidio del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, y una investigación que llevó a Fiscalía y Ejército a asegurar y catear el Ayuntamiento.
La gobernadora sostuvo que existen publicaciones orientadas a golpear políticamente y pidió consultar canales oficiales. El planteamiento contiene una parte razonable: las redes mezclan información, propaganda, versiones incompletas y falsedades. Ninguna autoridad está obligada a aceptar como verdad todo lo que circula en una pantalla. El problema comienza cuando la respuesta institucional no consiste en ofrecer más datos, sino en desacreditar de manera general a quienes difunden información fuera del gobierno.
Los canales oficiales no son árbitros neutrales de su propia gestión. Seleccionan datos, tiempos y énfasis. Su función es informar, pero también proteger la narrativa del poder. Por eso una democracia necesita medios, periodistas, ciudadanos y organizaciones capaces de contrastar esa versión. La solución a la desinformación no es un monopolio gubernamental de la verdad, sino evidencia verificable, conferencias abiertas, expedientes accesibles y respuestas oportunas.
El crimen de Temoac vuelve esa discusión más grave. Lavín ya había sobrevivido a otro ataque en enero y solicitó licencia por motivos de seguridad. Meses después fue asesinado en las inmediaciones del edificio municipal. El posterior despliegue de autoridades dentro del Ayuntamiento muestra que no se trataba de una alarma inventada por una cuenta anónima. Había una crisis concreta, con antecedentes y consecuencias políticas.
La pregunta sobre si las redes exageran no puede desplazar otra mucho más urgente: qué protección recibió un alcalde previamente atacado, qué información poseían las autoridades y cómo pudo la violencia alcanzar nuevamente el corazón administrativo del municipio. Un gobierno puede denunciar campañas en su contra, pero no debería utilizar esa denuncia para reducir el escrutinio sobre fallas de seguridad.
La comunicación oficial pierde credibilidad cuando pide confianza antes de entregar resultados. En contextos violentos, decir “no hagan caso” se parece demasiado a pedir silencio en una habitación donde ya se escucha la alarma. El Estado no necesita menos ojos observando; necesita demostrar que sabe qué ocurrió, quién falló y cómo evitará que se repita.
Morelos no enfrenta una disputa abstracta entre redes y gobierno. Enfrenta una realidad donde un alcalde fue asesinado y un palacio municipal terminó bajo investigación. Esa escena tiene más fuerza que cualquier discurso. Para recuperar el control de la conversación, la gobernadora no debe pedir que la población mire menos. Debe ofrecer razones para confiar más.
