La curul de Enrique Inzunza exhibe una contradicción elemental: el Senado exige explicaciones al país, pero tolera que uno de sus integrantes cobre sin comparecer.
El Senado es una institución diseñada para hablar. Sus integrantes debaten, cuestionan, acusan, defienden y votan en nombre de millones de personas. Por eso la ausencia prolongada de Enrique Inzunza no es un detalle administrativo: es una contradicción institucional. El legislador que utilizó la tribuna para exigir cuentas a sus adversarios lleva semanas sin presentarse públicamente, mientras su salario sigue encontrando la manera de llegar.
Inzunza fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos criminales. Él rechaza esas acusaciones y, mientras no exista una sentencia, no corresponde tratarlas como culpabilidad probada. Pero la presunción de inocencia no elimina la responsabilidad política de comparecer, explicar y ejercer el cargo. Un senador puede defenderse sin renunciar a su voz; desaparecer de la conversación pública mientras conserva la remuneración transforma la cautela jurídica en privilegio político.
El Senado confirmó que durante mayo recibió dos cheques por 66 mil 452 pesos cada uno, casi 133 mil pesos, debido a que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. El dato tiene una potencia simbólica difícil de ignorar: cuando el sistema financiero cerró una puerta, la institución abrió la ventanilla. El sueldo continuó; la rendición de cuentas no.
Pocos días antes de quedar bajo escrutinio, Inzunza había acusado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de una posible traición a la patria por su relación con una operación estadounidense. Era una intervención dura, emitida con la seguridad de quien exige respuestas inmediatas. Esa misma contundencia no aparece ahora para explicar su propia situación. La política mexicana suele tener una memoria selectiva, pero el archivo digital conserva las palabras y las devuelve cuando la coherencia se vuelve necesaria.
Morena también enfrenta un dilema práctico. En un Senado donde cada voto puede definir reformas, la curul de Inzunza vale más que su silencio. El legislador pidió licencia solamente durante unas horas, los días 28 y 29 de mayo, justo en una coyuntura donde su grupo parlamentario necesitaba contar votos. La maniobra puede ser legal, pero deja la impresión de que la presencia se administra según la aritmética partidista, no según la representación de Sinaloa.
El problema de fondo no es únicamente el dinero. Es la facilidad con la que el poder convierte una obligación pública en una opción personal. Cualquier trabajador que falta durante semanas debe justificar su ausencia. Un senador puede no aparecer, cobrar por cheque y conservar la silla para cuando el partido la necesite.
La presunción de inocencia debe respetarse. La presunción de que una curul funciona sola, no. El Senado no necesita únicamente el voto de Inzunza; necesita que dé la cara que durante años exigió a los demás.
