El comentario de Arely Reyes convirtió una tragedia y una denuncia delicada en una sentencia instantánea, incompatible con la prudencia que exige su cargo.
“Se hubiera matado antes”. La frase no fue escrita por una cuenta anónima ni por alguien ajeno al sistema de justicia. La publicó Arely Reyes Terán, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, al opinar sobre Alberto Jasso, profesor denunciado por una alumna por presunto abuso sexual y que posteriormente murió por suicidio.
El comentario resulta grave no porque una magistrada deba carecer de opiniones, sino porque su cargo obliga a comprender el peso de una afirmación pública. Quien forma parte de un tribunal sabe que una denuncia abre una investigación, no sustituye una sentencia. También sabe que la protección de una adolescente y la presunción de inocencia del acusado no son principios enemigos. El Estado debe ser capaz de sostener ambos hasta que los hechos sean esclarecidos.
El caso se volvió una batalla digital. Jasso grabó un video en el que negó la acusación. Exalumnos y personas cercanas lo describieron como un buen maestro. Esos testimonios pueden ayudar a comprender su entorno, pero tampoco prueban que la denuncia sea falsa. Del otro lado, creer que una estudiante merece ser escuchada y protegida no autoriza a declarar culpable a una persona sin investigación. La popularidad, la reputación y las percepciones personales no reemplazan peritajes, entrevistas ni evidencia.
El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México pidió evitar la desinformación y la revictimización tanto del trabajador fallecido como de la adolescente. Esa posición, aunque menos explosiva para las redes, reconoce la complejidad real. Una muerte no prueba inocencia; una acusación tampoco prueba culpabilidad. Convertir cualquiera de las dos en argumento definitivo destruye la posibilidad de buscar la verdad.
La intervención de Reyes hizo lo contrario. Su frase redujo una tragedia a un golpe retórico y colocó sobre una persona fallecida una culpabilidad que ningún tribunal había determinado. Después escribió que, entre la versión del profesor y la de la niña, ella creía a la niña. Escuchar y acompañar a una menor es una obligación; prejuzgar desde una posición judicial es una imprudencia.
México arrastra dos heridas simultáneas: víctimas que durante años no fueron creídas y personas cuya vida quedó destruida por acusaciones que nunca se probaron. Reconocer una no exige negar la otra. El debido proceso no es un favor para hombres acusados ni una agresión contra las mujeres. Es el método que permite proteger a quien denuncia y sancionar a quien resulte responsable sin convertir la justicia en concurso de popularidad.
Las redes premian la respuesta inmediata. La magistratura exige exactamente lo contrario: pausa, evidencia y lenguaje responsable. Una funcionaria judicial puede solidarizarse con una posible víctima sin dictar sentencia desde su teléfono. Cuando quien debe representar imparcialidad escribe como si el expediente estuviera cerrado, no fortalece la justicia. La reemplaza por un comentario.
