El examen en línea prometía ampliar el acceso; las anomalías, protestas y 158 mil resultados bajo revisión obligan a reconstruir la certeza del proceso.
La Universidad Nacional Autónoma de México llevó su examen de ingreso a internet con una promesa difícil de rechazar: permitir que aspirantes de distintas regiones presentaran la prueba sin trasladarse, reducir costos y utilizar inteligencia artificial para reforzar la vigilancia. La innovación parecía resolver un problema de acceso. Semanas después, la misma tecnología aparece en el centro de una crisis que mantiene suspendidas las inscripciones y deja a 158 mil 712 aspirantes sin saber si su resultado será reconocido.
El problema no puede reducirse al relato cómodo de “jóvenes tramposos”. La UNAM informó que alrededor del 2% de los procesos fueron cancelados por conductas contrarias a la convocatoria, una cifra cercana a tres mil cien casos. También surgieron puntajes atípicos en carreras de alta demanda y circularon guías para engañar al sistema de supervisión. Todo ello exige investigación y sanciones. Sin embargo, el tamaño de la crisis revela una falla institucional previa: la Universidad introdujo un mecanismo de evaluación remota sin conseguir que la comunidad confiara plenamente en su capacidad para distinguir entre mérito, ayuda externa y fallas técnicas.
Por eso las protestas frente a Rectoría no son solamente la reacción de quienes no obtuvieron lugar. Profesores, estudiantes y aspirantes pidieron regresar al examen presencial y repetir la aplicación. Su demanda parte de una sospecha comprensible: cuando el sistema no ofrece certeza, cada puntaje alto puede parecer fraude y cada rechazo puede sentirse como injusticia. Esa erosión perjudica también a quienes estudiaron, cumplieron las reglas y obtuvieron un lugar legítimo.
Hasta ahora, la UNAM no ha ordenado repetir todos los exámenes. Suspendió provisionalmente las inscripciones y creó una comisión técnica de especialistas para revisar el procedimiento, los datos y los resultados. Esa prudencia es necesaria, porque anular de forma general también castigaría a miles de aspirantes honestos. Pero la comisión no puede limitarse a recomendar ajustes cosméticos. Debe explicar qué anomalías encontró, cuántas pruebas están realmente comprometidas, cómo funcionó la vigilancia y qué criterios permitirán validar o repetir resultados.
La crisis también abre una discusión más amplia. Las instituciones mexicanas suelen adoptar herramientas digitales como si el simple uso de inteligencia artificial garantizara modernidad. La tecnología puede detectar movimientos, bloquear ventanas o grabar pantallas; no reemplaza una arquitectura de confianza, protocolos auditables y mecanismos claros de impugnación. Un examen de admisión no es una compra en línea: decide trayectorias educativas y distribuye lugares escasos.
La UNAM todavía puede convertir el error en precedente útil. Para hacerlo tendrá que publicar evidencia, proteger a quienes actuaron correctamente y aceptar que la transparencia vale más que defender una decisión tecnológica. Repetir toda la prueba puede ser necesario o puede resultar desproporcionado; la diferencia dependerá de datos que la Universidad debe hacer públicos.
La máxima casa de estudios no solo evalúa conocimientos. En este momento está siendo evaluada en algo igual de importante: su capacidad para reconocer una falla, corregirla y devolver certeza sin sacrificar a 158 mil jóvenes en el proceso.
