La CDMX acumula casi dos mil denuncias en seis meses, mientras la restitución sigue avanzando a una velocidad muy distinta a la ocupación ilegal.
Una chapa puede cambiarse en minutos. Una escritura falsa puede comenzar a circular en días. Recuperar una vivienda puede tomar meses o años. Esa diferencia de velocidad explica buena parte del negocio del despojo en la Ciudad de México: el ocupante necesita actuar rápido; la víctima queda atrapada en instituciones que se mueven lentamente.
Durante el primer semestre de 2026 se registraron 1,966 denuncias. El Gobierno capitalino reportó alrededor de 300 restituciones positivas y nuevos operativos en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa. La cifra puede presentarse como avance, pero también revela la distancia: por cada inmueble devuelto, varios expedientes siguen abiertos y varias familias continúan pagando abogados, rentas o créditos por propiedades que no pueden usar.
El despojo ya no depende solamente de romper una puerta. Hay ocupación material, fraude documental y también propietarios que intentan sacar por la fuerza a inquilinos con contratos vigentes. Los grupos más organizados estudian predios vacíos, adultos mayores sin redes de apoyo y sucesiones mal resueltas. Después cambian cerraduras, fabrican contratos o escrituras y convierten a la víctima en la persona obligada a demostrar que su propia casa le pertenece.
La creación de un gabinete especializado reconoce que el problema dejó de ser una suma de pleitos privados. Sin embargo, las víctimas han cuestionado la falta de resultados visibles. La comparación con el Estado de México, donde las autoridades han difundido miles de restituciones mediante operativos específicos, aumenta la presión sobre la capital. Las cifras no son idénticas ni necesariamente comparables, pero políticamente la pregunta es inevitable: ¿por qué una ciudad con más capacidades jurídicas parece recuperar menos inmuebles?
La prevención se ha convertido en una responsabilidad transferida al ciudadano: registrar escrituras, activar alertas inmobiliarias, instalar cámaras y revisar constantemente el estado legal del predio. Son medidas útiles, pero ninguna debería sustituir una Fiscalía capaz de actuar antes de que el documento falso se vuelva escudo.
El despojo prospera porque roba dos veces. Primero toma el espacio. Después toma el tiempo de la víctima. Mientras ocupar siga siendo más rápido que restituir, cada inmueble vacío continuará pareciendo una oportunidad para quien sabe aprovechar la lentitud del sistema.
