El Congreso de Veracruz despejó el camino para procesar a dos alcaldes de MC en expedientes por asesinato y desaparición.
El fuero suele explicarse como una protección para que una autoridad pueda ejercer su cargo sin ser perseguida por razones políticas. En Veracruz, esa figura quedó en el centro de dos expedientes que ya no podían seguir avanzando mientras los alcaldes conservaran inmunidad procesal.
El Congreso estatal retiró el fuero a Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. La votación se realizó en una sesión extraordinaria y cerrada al público, con 40 votos favorables a las declaraciones de procedencia solicitadas por la Fiscalía.
El caso de mayor impacto es el de Roxana Guzmán. La periodista fue privada de la libertad el 2 de junio y posteriormente localizada sin vida. La Fiscalía señala a Raúl González como presunto autor intelectual. Según la hipótesis ministerial difundida por medios, el alcalde habría ordenado el ataque porque Roxana tenía una fotografía en la que aparecía portando un arma larga.
Por el secuestro y asesinato ya han sido detenidas ocho personas, entre ellas policías municipales y presuntos integrantes de un grupo delictivo. La acusación contra el alcalde conecta el crimen de una comunicadora con la estructura del gobierno local, uno de los escenarios más graves para la libertad de prensa: cuando la persona investigada no es un actor externo al Estado, sino quien encabezaba el municipio.
El segundo expediente corresponde a Bertín Bravo. La Fiscalía lo investiga por la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta Ignacio López. Ambos casos se tramitan por separado y el desafuero tampoco constituye una sentencia.
Movimiento Ciudadano calificó los procedimientos como persecución política. La gobernadora Rocío Nahle respondió que las solicitudes provinieron de la Fiscalía y que debían seguir su curso legal. Esa disputa partidista acompañará los procesos, pero no puede sustituir el análisis de las pruebas.
La sesión cerrada añade una contradicción. El Congreso tomó una decisión que busca permitir mayor rendición de cuentas, pero lo hizo sin transmisión pública. En casos que involucran autoridades locales, desapariciones y el asesinato de una periodista, la transparencia del procedimiento también importa.
El fuero no desapareció para castigar anticipadamente a los alcaldes. Desapareció para que el cargo no impidiera que un juez valore las acusaciones. El siguiente capítulo ya no se resolverá con discursos partidistas ni votaciones legislativas, sino con expedientes, audiencias y pruebas.
Dos presidentes municipales que comenzaron administrando ayuntamientos terminaron enfrentando investigaciones criminales sin la protección del cargo. El desafuero no cierra ninguno de los casos. Apenas permite que comiencen a discutirse frente a un tribunal.
