El registro obligatorio coincide con 4.9 millones de líneas menos, pero su verdadera prueba no será administrativa: será demostrar si también reduce extorsiones y fraudes.
El registro obligatorio de líneas móviles ya produjo una consecuencia visible antes de demostrar su objetivo principal: México tiene millones de líneas activas menos.
Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, el número de líneas pasó de aproximadamente 162 millones a 157.1 millones. La reducción de 4.9 millones se concentró especialmente en prepago, donde salieron alrededor de 6.3 millones. Parte de la explicación es sencilla: usuarios que tenían chips secundarios dejaron de recargarlos, cancelaron números que ya no utilizaban o decidieron concentrarse en una sola línea para evitar registrar varias.
La política parte de una preocupación real. La extorsión telefónica, el fraude y el uso de números desechables se benefician del anonimato. La apuesta oficial consiste en vincular cada línea a una identidad mediante CURP, o RFC en el caso de empresas, y suspender aquellas que no completen el procedimiento dentro del calendario definido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La lógica parece evidente: si un número tiene nombre, rastrear a quien lo utiliza debería ser más sencillo. El problema es que identificar al titular de una línea y reducir un delito no son exactamente la misma cosa.
Un teléfono puede prestarse, venderse, utilizarse con datos ajenos o operar mediante mecanismos que no dependen de una sola tarjeta SIM. Por eso el éxito de esta política no debería medirse por cuántos números se registraron ni por cuántos fueron suspendidos. Debería medirse por algo mucho más incómodo: si disminuyeron las extorsiones, si mejoró la capacidad de investigación y si las autoridades pudieron convertir los registros en casos resueltos.
Mientras tanto, el mercado muestra otra paradoja. Aunque desaparecieron millones de líneas del conteo, el sector reportó ingresos récord de 97 mil 506 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026. Menos chips no significa necesariamente menos negocio. De hecho, la depuración puede favorecer una base de clientes más estable, especialmente en pospago, mientras expulsa números secundarios de bajo consumo.
El calendario además convierte el registro en una obligación gradual, no en un apagón de un solo día. Los plazos avanzan según el último dígito del número y concluyen el 31 de diciembre. La CRT señala que una línea suspendida puede recuperar el servicio cuando complete la vinculación. Es decir, no necesariamente se pierde el número para siempre, pero sí se pierde conectividad mientras el trámite siga pendiente.
También existe una discusión sobre privacidad y carga administrativa. El usuario común es quien debe proporcionar documentos, verificar datos y cumplir fechas. El delincuente, por definición, busca mecanismos para evitar controles. Eso no vuelve inútil el registro, pero obliga a exigir resultados proporcionales al costo que se impone a millones de personas.
El calendario llegará hasta el 31 de diciembre y las líneas no vinculadas serán suspendidas. Esa es la parte fácil de comprobar. La parte difícil llegará después.
México sabrá cuántos números dejó fuera. Lo que realmente importa es saber cuántas llamadas de extorsión dejó fuera con ellos. Si la cifra del delito permanece intacta, habremos construido una enorme base de datos para resolver un problema distinto al que prometía combatir.
