Néstor fue localizado tres días después de desaparecer. Su familia tardó más de cinco años en saber que el cuerpo ya estaba bajo resguardo institucional.
La historia de Néstor Torres Ramos expone una de las formas más crueles de la crisis de desapariciones en México: no siempre falta encontrar a una persona; a veces falta que el Estado reconozca que ya la encontró.
Néstor desapareció el 27 de julio de 2019 en Veracruz. Su madre, Adelfa, comenzó el recorrido que miles de familias conocen demasiado bien: fiscalías, búsquedas, preguntas, fotografías, muestras genéticas y puertas que rara vez se abren al mismo ritmo de la urgencia. Tres días después de su desaparición, un cuerpo fue localizado cerca de Cuitláhuac. Era el de Néstor. Sin embargo, la familia continuó buscándolo durante más de cinco años.
El dato cambia por completo la lectura del caso. No estamos frente a una ausencia inexplicable durante todo ese periodo. Estamos frente a una falla de identificación, comunicación y cruce de información. Según el relato de la familia recogido por Reporte Índigo, cuando Adelfa preguntó por aquel cuerpo recibió como respuesta que aparentaba unos 50 años, mientras Néstor tenía 22. La diferencia de edad bastó para cerrar una posibilidad que debió resolverse con procedimientos forenses, no con una impresión visual.
La familia ya había entregado muestras genéticas. Aun así, la identificación no llegó entonces. Fue una fotografía exhibida años después la que permitió a una hermana reconocer rasgos y detalles. Los restos fueron finalmente entregados en diciembre de 2024.
La tragedia individual se vuelve estructural cuando se coloca junto a otro dato: en México permanecen decenas de miles de cuerpos sin identificar. El país ha construido protocolos, bancos genéticos y mecanismos de búsqueda, pero su utilidad depende de algo menos espectacular que un operativo: que las bases estén actualizadas, que las fiscalías compartan información, que los perfiles genéticos se confronten y que cada hallazgo sea tratado como la posible respuesta a una familia que busca.
La propia Comisión Nacional de Búsqueda ha desarrollado mecanismos para incorporar perfiles genéticos de familiares y personas fallecidas no identificadas a bases que permitan cruces masivos. En el papel, ésa es exactamente la herramienta que debería evitar historias como ésta. El reto aparece cuando una muestra existe en un lugar, un cuerpo está registrado en otro y la coincidencia no llega a tiempo.
El problema no es solamente técnico. También es una cuestión de prioridades. Para una institución, un expediente puede pasar de un escritorio a otro. Para una madre, cada día sin respuesta modifica toda la vida familiar. Esa diferencia de tiempos explica por qué los colectivos de búsqueda han terminado aprendiendo procedimientos que deberían dominar las autoridades.
El caso de Néstor tiene una frase difícil de aceptar: su familia lo buscaba mientras su cuerpo ya estaba bajo resguardo institucional. Esa distancia entre “tener el cuerpo” e “identificar a la persona” es precisamente el tamaño de la falla.
México necesita encontrar a quienes siguen desaparecidos, pero también necesita dejar de perder dentro de sus propios archivos a quienes ya fueron localizados. Porque un Estado que encuentra un cuerpo y tarda cinco años en devolverle su nombre todavía no ha terminado la búsqueda.
