Un testigo protegido menciona un presunto pacto que Harfuch rechaza de manera categórica. La obligación periodística es separar la acusación, el desmentido y lo que el expediente sí ha documentado.
“¿Qué pasó aquí?” es una pregunta más útil que cualquier sentencia prematura sobre el nuevo capítulo del huachicol fiscal. Un testigo protegido, dentro de la investigación relacionada con los hermanos Farías Laguna, habría mencionado un supuesto acuerdo para limitar investigaciones y permitir mayor flujo de buques por aduanas de Tamaulipas. Versiones periodísticas han asociado ese señalamiento con un hijo de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López y Omar García Harfuch.
Harfuch respondió de manera categórica. Calificó la versión de “totalmente absurda y fuera de la realidad”, aseguró que nunca fue abordado para negociar un freno a las investigaciones y afirmó que no ha sostenido conversaciones con las personas mencionadas en el testimonio. Esa es su posición pública y debe registrarse con el mismo peso que la acusación.
Pero el contexto tampoco puede desaparecer detrás del desmentido. La investigación por huachicol fiscal no nació de un rumor. El decomiso de 10 millones de litros de diésel vinculado al buque Challenge Procyon en Tampico abrió una trama que ha derivado en detenciones de marinos, funcionarios y empresarios. Investigaciones periodísticas y documentos legislativos han referido decenas de embarcaciones que habrían utilizado documentación para declarar productos distintos al combustible y evitar cargas fiscales.
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna están procesados dentro de ese caso y han cuestionado actuaciones de la Fiscalía. Sus defensas han denunciado problemas de acceso a la carpeta y han pedido que se investiguen otras líneas y personajes. Nada de eso convierte automáticamente en verdaderas todas las afirmaciones de un testigo protegido.
Ahí está el punto central. Un testimonio es una línea de investigación, no una condena. La negación de un funcionario tampoco sustituye la obligación de verificar esa línea.
La pregunta relevante para la FGR es qué hizo después de recibir el señalamiento. ¿Contrastó comunicaciones, reuniones, decisiones aduanales y movimientos de buques? ¿Descartó la versión con evidencia o simplemente no la siguió? ¿Qué parte del testimonio ha encontrado corroboración independiente?
El caso necesita menos consignas y más documentos. Si la acusación es falsa, una investigación sólida puede desmontarla. Si contiene elementos verificables, la jerarquía de los nombres no debería detenerla.
En un expediente que ya exhibió una red con capacidad para mover millones de litros de combustible, la peor salida sería pedir al público que elija entre creerle al testigo o creerle al secretario. El Estado tiene herramientas para probar qué ocurrió. Esa es la respuesta que falta.
