Las acusaciones contra Alejandro Moreno deben investigarse sin privilegios. La misma exigencia aplica a los expedientes políticos que siguen abiertos alrededor del caso de El Mayo y Sinaloa.
El proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno plantea una prueba sencilla para el sistema político mexicano: si existen elementos suficientes para investigar posibles delitos cometidos durante su gobierno en Campeche, el fuero no debería convertirse en escudo. Pero esa misma regla pierde legitimidad si la velocidad de la justicia cambia dependiendo de quién aparece en el expediente.
Moreno enfrenta señalamientos relacionados con presunto enriquecimiento ilícito y posibles desvíos de recursos durante su administración. Los reportes sobre la solicitud de desafuero mencionan más de 83 millones de pesos. El procedimiento todavía no equivale a una sentencia ni demuestra culpabilidad. Retirar el fuero tampoco condena: permite que una investigación penal avance sin la protección procesal asociada al cargo.
Ese matiz debe conservarse incluso cuando el personaje resulte políticamente incómodo.
El PRI sostiene que el proceso forma parte de una persecución contra su dirigente, especialmente después de sus viajes a Estados Unidos para denunciar al Gobierno de Morena. El oficialismo responde que las acusaciones provienen de hechos ocurridos cuando Moreno gobernó Campeche y que su actividad política posterior no puede borrar las investigaciones.
Ambas cosas pueden discutirse al mismo tiempo. Es posible exigir que Alito responda y, a la vez, preguntar si el sistema muestra el mismo impulso frente a expedientes que afectan al oficialismo.
Ahí reaparece Sinaloa.
En agosto de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada afirmó que antes de ser llevado a Estados Unidos esperaba participar en una reunión con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén. Rocha negó haber participado y sostuvo que ni siquiera se encontraba en el estado. La FGR incorporó la carta del capo a la carpeta de investigación y pidió información al gobernador.
La declaración de Zambada nunca debió tratarse como una sentencia. Es la versión de una persona acusada durante décadas de dirigir una organización criminal y necesita corroboración independiente. Pero tampoco era un dato menor que pudiera desaparecer por incomodidad política.
El asesinato de Cuén agregó más dudas. La Fiscalía de Sinaloa difundió inicialmente una versión relacionada con un intento de robo en una gasolinera. Días después, la FGR cuestionó elementos de esa investigación, señaló inconsistencias forenses y terminó atrayendo el caso. Esa secuencia dejó una pregunta que sigue siendo válida incluso sin acusar directamente al gobernador: ¿qué ocurrió realmente alrededor de la reunión que Zambada describió?
Comparar expedientes no significa afirmar que todos los personajes cometieron delitos equivalentes. Precisamente lo contrario: significa pedir que cada caso avance con evidencia, plazos razonables y estándares semejantes.
Si las pruebas contra Alito son sólidas, el proceso debe continuar aunque su partido grite persecución. Si existen líneas pendientes en Sinaloa, deben agotarse aunque incomoden a Morena.
La justicia no se vuelve selectiva porque investigue a un opositor. Se vuelve selectiva cuando la afiliación política parece determinar qué expediente recibe reflector, recursos y velocidad.
El desafuero de Alejandro Moreno puede ser una medida legítima dentro de un proceso legal. Para que convenza como justicia y no como instrumento político, el resto de los casos sensibles necesita demostrar la misma prisa por llegar a la verdad.
