El viejo clip de Luisa María Alcalde volvió a circular porque el Fondo de Pensiones recibe saldos de cuentas inactivas. La discusión seria está en qué puede hacer el Estado con ese dinero y cómo se garantiza su devolución.
“Te juro que Morena se va a robar tus Afores”. La frase de Luisa María Alcalde pertenece a otro momento político, pero volvió a circular porque ahora existe una política pública que toca un nervio especialmente sensible: el ahorro individual para el retiro.
La reacción fácil tiene dos versiones opuestas. Una afirma que el Gobierno simplemente está robando las cuentas de los trabajadores. La otra responde que no ocurre absolutamente nada porque el dinero puede reclamarse. Ninguna explica por completo lo que está sucediendo.
Desde la reforma de 2024 existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entre sus fuentes de financiamiento están los saldos de cuentas individuales que permanecen inactivas cuando sus titulares alcanzan determinadas edades. Para las cuentas vinculadas al IMSS la referencia es 70 años; para ISSSTE, 75. Esos recursos pueden ser transferidos al Fondo.
La palabra importante es “transferidos”.
El dinero deja de permanecer administrado de la misma manera dentro de la cuenta inactiva y pasa al mecanismo público creado para complementar pensiones. Eso es un hecho y merece escrutinio porque estamos hablando de recursos que tuvieron un titular concreto.
Pero la segunda parte también importa. La ley establece que el derecho de los trabajadores o sus beneficiarios a recuperar esos recursos es imprescriptible. El IMSS y la CONSAR mantienen mecanismos para reclamarlos incluso después de la transferencia.
Los datos muestran que no es una posibilidad meramente teórica. Reportes financieros del propio Fondo señalan que miles de millones de pesos ya han sido devueltos a personas que reclamaron saldos transferidos. Eso desmonta la idea de que, una vez movido el dinero, el propietario pierde definitivamente cualquier derecho.
Entonces, ¿dónde está la polémica?
En una pregunta de diseño institucional: si el ahorro tiene dueño, ¿debe el Estado poder utilizar temporalmente esos recursos para financiar un esquema de pensiones mientras nadie los reclama?
Quienes defienden el Fondo argumentan que se trata de cuentas que llevan años inactivas, que el derecho de propiedad permanece protegido y que los recursos permiten mejorar pensiones de trabajadores que de otro modo recibirían cantidades insuficientes.
Quienes lo cuestionan advierten que la inactividad de una cuenta no convierte el ahorro privado en dinero sin dueño y que cualquier esquema de transferencia exige controles extraordinarios, transparencia y liquidez suficiente para responder en cuanto aparezca el titular o un beneficiario.
Ahí debería concentrarse la discusión.
No es necesario afirmar que “se robaron todas las Afores” para exigir vigilancia. Tampoco basta con repetir que “el dinero se puede recuperar” para cerrar el debate sobre lo que ocurre entre la transferencia y el reclamo.
El viejo video de Alcalde funciona porque la política tiene memoria y porque las frases absolutas suelen envejecer mal. Pero la mejor respuesta no es devolverle otro slogan.
La pregunta correcta es mucho más concreta: cuánto dinero ha sido transferido, cuánto se ha utilizado, cuánto se ha devuelto, qué rendimiento genera mientras está en el Fondo y qué garantías existen para que cada persona recupere íntegramente lo que le corresponde.
El ahorro para el retiro no necesita propaganda. Necesita cuentas claras.
